10-10-2019 / 14:11 h EFE

Los sindicatos mineros y el Gobierno se reunirán mañana para analizar el cumplimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón, y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027 suscrito hace un año, según han informado fuentes sindicales.

Según el SOMA-FITAG-UGT, a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la firma existen muchos aspectos que se deben para dar un cumplimiento efectivo al acuerdo como la situación exacta de los convenios entre las comunidades autónomas y el Instituto del Carbón para el desarrollo de proyectos con cargo a los fondos mineros.

Para la central ugetista, una vez que se conozca la situación administrativa de las minas a restaurar, las comunidades afectadas por los planes de cierre y restauración deben establecer a su vez convenios de colaboración con el objetivo principal de priorizar la recolocación de los trabajadores excedentes.

En el capítulo relativo al plan social, aunque se está dando cumplimento a la cobertura de los trabajadores mediante salidas no traumáticas, el SOMA-FITAG-UGT pedirá que, en lo relativo a la bolsa de trabajo de los excedentes de la minería del carbón, se ponga en marcha el programa de formación y recualificación para configurar la trayectoria formativa de dichos trabajadores que permita su reinserción laboral.

Por su parte, CCOO de Industria acude al encuentro con la expectativa de recibir la confirmación de que la restauración de las explotaciones mineras arrancará de inmediato y de empezar a conocer los denominados planes de transición para las comarcas afectadas dado que todavía no tienen empleo los trabajadores que lo perdieron al cerrar sus explotaciones.

El acuerdo, firmado en el Ministerio de Transición Ecológica, prevé prejubilaciones para los trabajadores con más de 48 años y que tengan 25 de cotización en el régimen especial o 20 trabajados, así como bajas incentivadas que variarán en función de la antigüedad, e incrementos en los casos de silicosis de primer grado.

Asimismo contemplaba que los trabajadores que no se prejubilasen pasasen a formar parte de una bolsa de empleo que gestionará el Instituto de Reestructuración de las Comarcas Mineras, con cursos formativos y acceso prioritario a puestos de trabajo relacionados con la restauración ambiental de las minas.

Según los cálculos del Instituto del Carbón, serían beneficiarios de las ayudas sociales unos 600 trabajadores, y el 60 % de los empleados de las empresas mineras podrían optar por la prejubilación.

Junto al fondo de 250 millones en cinco años para el desarrollo comarcal y para iniciativas empresariales, el acuerdo incluía un plan de energías renovables y la posibilidad de que el Gobierno firme contratos con administraciones autonómicas y locales para el acceso a los fondos europeos y a incentivos fiscales.

 
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