La Asociacin de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado el estancamiento del Sistema de la Dependencia con una lista de espera de 258.000 dependientes pendientes de recibir prestaciones y una inversin pblica recortada, financiada el 83,3 % por las comunidades autnomas.
El gasto promedio por dependiente atendido se situ en 8.090 euros al ao en 2018, de los cuales la Administracin Central aport 1.348 euros en concepto de nivel mnimo garantizado, el resto lo cubrieron las comunidades autnomas, segn el estudio realizado por esta asociacin con las certificaciones oficiales anuales remitidas por los gobiernos regionales.
La inversin pblica en el Sistema de Atencin a la Dependencia fue de 8.054 millones de euros el pasado ao, una cantidad que refleja que no se han recuperado los recortes de 2012 y "ni tan siquiera se ha cumplido el compromiso de elevar un 5 % cada ao desde 2018" el nivel mnimo que el Gobierno central aporta a las autonomas para la atencin de los dependientes, lamenta esta asociacin.
Por su parte, las comunidades autnomas s han aumentado un 7,5 por ciento su aportacin al sistema respecto a 2017, alcanzando los 6.707 millones de euros.
"En este contexto entendemos que existen razones sobradas para abordar la cuestin con urgencia, ms si consideramos que se est impidiendo el ejercicio de derechos a cientos de miles de personas dependientes y que incluso muchos de ellos fallecen sin haber llegado a ser atendidos; cada mes, aproximadamente el 1 % de la lista de espera fallece, 80 personas al da mueren sin haber podido ejercer su derecho", asegura el responsable de la asociacin, Jos Manuel Ramrez.
Reclaman al Gobierno en funciones que apruebe "al menos" un real decreto para que se cumplan las previsiones de los presupuestos prorrogados de subir el 5 % con efecto 1 de enero de 2019.
Recuerdan que para la eliminacin del 75 % de la lista de espera, tal y como se haban comprometido, se precisa un incremento del gasto pblico anual de ms de 1.500 millones de euros, que deberan ser aportados ntegramente por la Administracin central para llegar a una aportacin global del 36 %, an lejos del 50 % que establece la ley (el otro 50 % las comunidades autnomas).
"Esa inversin generara 45.000 puestos de trabajo directos y se obtendran unos retornos de 600 millones de euros (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades) sin contar con los retornos inducidos", concluyen los gerentes de servicios sociales.
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