13-10-2019 / 14:30 h EFE

La Fiscalía pide 22 años de prisión para dos acusadas de organizar viajes de mujeres jóvenes desde Venezuela, aprovechando su difícil situación económica, para que ejercieran la prostitución en Cantabria sin recibir cantidad de dinero alguna, que serán juzgadas este martes en la Audiencia de Cantabria.

El Ministerio Público las acusa de tres delitos de trata de seres humanos en concurso con otros tantos de determinación al ejercicio de la prostitución, así como de tres delitos contra los derechos de los extranjeros.

Según el fiscal, las acusadas, que ejercían la prostitución en Cantabria, "con intención de lucrarse" se pusieron de acuerdo en convencer a mujeres jóvenes "en situación de extremada necesidad económica" en su país de origen, Venezuela, para venir a España.

En su escrito explica que en unas ocasiones las convencían para viajar y ejercer la prostitución, diciéndoles que en España "era muy fácil y muy rentable" y en otras les ofrecían trabajos de limpieza en una casa de citas.

Una de las acusadas se ofreció personalmente en Venezuela a las personas con las que contactó a "facilitarles todos los trámites y gastos para su traslado".

Así, relata el fiscal, en noviembre de 2016 la acusada viajó junto a una joven de 19 años a la que compró el billete de avión y, una vez en el aeropuerto de Madrid, la trasladó a un piso de Santander.

Ya en la ciudad, las dos acusadas le manifestaron que la deuda inicial pactada de 1.200 euros por gastos de viaje se había transformado en 3.600, que "debía saldar ejerciendo la prostitución en el piso "con un horario de 24 horas al día, siete días a la semana", del que solo podía salir una hora al día.

Además, la joven debía pagar los gastos derivados de anuncios en internet, comida y gastos higiénicos, "por lo que la deuda iba aumentando sin recibir ni una sola cantidad de dinero”.

La mujer, indica, ejerció la prostitución para pagar esa deuda y regresó a Venezuela pero como su situación económica allí seguía siendo precaria, una de las acusadas le ofreció venir de nuevo y trabajar únicamente con ella.

Siempre según el escrito del ministerio público, la mujer aceptó y voló a España, donde de nuevo siguió ejerciendo la prostitución mientras la acusada se quedaba con todo el dinero, sin darle ninguna cantidad para comida ni gastos personales.

Obrando de igual forma, una de las acusadas ofreció a otra mujer, "que estaba casada y con graves aprietos económicos", venir a España para trabajar como mujer de la limpieza y camarera.

La mujer aceptó y viajó a España en febrero de 2017. Cuando llegó le informaron de que su deuda era de 3.600 euros y la animaron a prostituirse "como única forma de saldar la deuda".

Así lo hizo durante 21 días y después abandonó el piso y formuló una denuncia en extranjería.

Durante el tiempo que estuvo con las acusadas, señala el escrito del fiscal, no recibió ningún tipo de dinero, ni siquiera para comida, "teniendo que depender de las propinas de los clientes".

El ministerio público indica que de igual forma, una de las acusadas convenció a otra joven, de 19 años, para que viniera a España a prostituirse, "donde según ella era muy rentable".

La joven, que se encontraba en "situación de extrema necesidad", viajó a España en abril de 2017.

Cuando llegó, le informaron de que debía pagar una deuda de 3.200 euros, y tampoco percibió ninguna cantidad de dinero en los diez días que trabajó para las acusadas.

El fiscal dice también en su escrito que "en los días siguientes a la presentación de la denuncia una de las acusadas ha tratado de amedrentar y asustar a las perjudicadas".

Así, hizo llegar al entorno de las jóvenes en Venezuela que se estaban dedicando a la prostitución y colocó anuncios en internet "manifestando que tienen enfermedad de transmisión sexual”.

Además de 22 años de prisión para cada una de las acusadas, e fiscal solicita 13.500 euros de multa, libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la pena de cárcel, e indemnizaciones conjuntas de 15.000, 20.000 y 25.000 euros para las tres víctimas por los daños morales sufridos.

El juicio ha sido fijado a las 9.30 horas del martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

 
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