18-10-2019 / 14:11 h EFE

El Gobierno de Navarra ha creado un grupo interdepartamental para estudiar cambios en la normativa que regula la práctica del juego en la Comunidad Foral, que cuenta con competencias exclusivas en materia de casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.

La constitución del grupo, integrado por los departamentos de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; Economía y Hacienda, Educación, Derechos Sociales, Salud y Cultura y Deporte, ha tenido lugar este viernes bajo la presidencia del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez.

El objetivo, según precisa el Ejecutivo navarro, es estudiar e impulsar las reformas legales necesarias para adaptar la normativa foral a la actual realidad y nuevas formas de juego y dar respuesta a la creciente preocupación social que está generando la proliferación de casas de apuestas y salas de juego.

En su intervención, el consejero Remírez ha destacado "la necesidad de adaptar la normativa a la situación actual y a las nuevas formas de negocio y acceso al juego, con especial atención en la prevención de la ludopatía, poniendo el enfoque, sobre todo, en la protección de las y los menores de edad y de los colectivos más vulnerables”".

Con la creación de este grupo, el Ejecutivo foral quiere aglutinar todos los enfoques posibles. Se trata de una iniciativa que pretende trabajar en paralelo a la Ponencia creada en el Parlamento recientemente para abordar la regulación de las casas de apuestas.

La constitución de este grupo ha sido aplaudida por el PSN que considera "urgente" establecer medidas que limiten el juego online y las apuestas entre los jóvenes navarros.

De esta forma se pronuncian en un comunicado en el que muestran su "compromiso firme para forjar medidas que limiten el fácil acceso de los más jóvenes al juego online y casas de apuestas".

Entre esas medidas citan la mencionada ponencia o la moción, a través de la que los grupos que sustentan al Gobierno, le instan a desarrollar las medidas oportunas para adoptar una moratoria, dentro de la normativa vigente, mientras se desarrollan los trabajos de la ponencia.

 
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