18-10-2019 / 18:10 h EFE

Cinco hombres, para los que el fiscal pide penas que suman 31 años de prisión, serán juzgados desde el próximo lunes en la Audiencia de Valladolid, acusados de estafar más de 400.000 euros mediante compras que no pagaron en localidades de Extremadura, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid.

Los hechos por los que se celebrará el juicio ocurrieron entre 2011 y 2012, cuando los cinco encausados, "de común acuerdo y guiados por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito" adquirieron mercancías, la mayor parte de proveedores de productos cárnicos y lácteos, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Se ganaron la confianza de las empresas a través de compras efectuadas mediante la mercantil Dismarianga SLU, con sede en Valladolid, realizando un pago puntual en las primas compras y aparentando solvencia económica mediante la contratación de una póliza de seguro de cobro con una aseguradora, que nunca llegó a abonarse.

Concertaron pedidos con distintas empresas sin intención real de abonarlos, de forma que recibían la mercancía y simulaban el pago a través de pagarés que, llegado su vencimiento, eran devueltos por la entidad bancaria por la falta de fondos para su abono, sostiene el Ministerio Público.

Entre las compras que concertaron y no abonaron figuran varias partidas de leche por valor de más de 84.600 euros a una empresa de Lugo; carne por valor de más de 14.000 euros a una firma de Leganés (Madrid), y más de 35.600 euros a una empresa de embutidos radicada en Barcelona.

Dejaron también a deber varios pedidos por un importe superior a 30.000 euros en una empresa de embutidos de Guijuelo (Salamanca) y cerca de 4.000 euros en pedidos de jamones a una compañía de Badajoz, entre otras deudas contraídas mediante pedidos no pagados con diversas empresas.

El ministerio público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa y un delito de pertenencia a grupo criminal, por los que reclama penas que suman 31 años de cárcel y que oscilan entre los siete años para el considerado cabecilla de la organización y cinco años y medio para otros dos miembros del grupo.

La Fiscalía solicita el pago de cantidades que en total representan más de 400.000 euros, distribuidas entre una docena de empresas.

Está programado que el juicio se desarrolle los próximos 21,22 y 23 de octubre.

 
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