22-10-2019 / 16:20 h EFE

La carga laboral en la red de puntos de encuentro familiar de Castilla y León ha aumentado un 11 por ciento en los dos últimos años al pasar de las 113.305 intervenciones registradas en 2016 a las 125.995 con las que cerró 2018, mientras que en 2017 fueron 122.777.

Según los datos facilitados a Efe por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, al término del año pasado 1.799 familias con 2.581 menores implicados pasaron por alguno de los 16 recursos especializados que, a modo de 'árbitro', trata de que ninguno de los miembros pierda ante una situación de conflicto.

Por provincias, Valladolid se sitúa a la cabeza con 32.352 intervenciones con 433 familias y 586 menores que, a menudo, son utilizados como arma arrojadiza o moneda de cambio.

Por detrás figuran Burgos y León con 25.350 y 24.825 sesiones, respectivamente, así como 245 y 381 familias con 351 y 544 bebés, niños y adolescentes.

Les siguen Palencia (9.834, 112, 151); Zamora (9.671, 143, 208); Salamanca (9.336, 166, 241); Segovia (5.158, 106, 151); Soria (5.119, 79 y 112); y Ávila (4.350, 100, 143).

El régimen de visitas suele venir marcado por el juez, ya que en la mayor parte de los casos abordados hay una orden de alejamiento de por medio.

El resto hace uso de este servicio por recomendación de los técnicos sociales, ya que una intervención temprana a veces marca la diferencia al evitar que la deteriorada relación paterno-filial se cronifique.

Hay muchas parejas rotas que no pueden ni verse y en los puntos de encuentro familiar que gestiona la asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores (Aprome) de forma literal, porque entre la llegada de la madre y la del padre transcurren 15 minutos.

No se cruzan, todo está estudiado en un espacio, neutral e imparcial, donde se trata de "favorecer el derecho del menor a mantener la relación con ambos progenitores y otros familiares tras su separación, siempre que con ello se contribuya a su buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional".

Se trata de ayudarles a resolver situaciones de conflicto mediante distintos tipos de intervenciones: el intercambio de los hijos, las visitas supervisadas y las citas con los menores sin la presencia continuada de los profesionales.

Así, en función del grado de dificultad para alcanzar acuerdos -con respecto a su atención o el incumplimiento del régimen de visitas establecido- se determina un tipo de acercamiento u otro.

Pueden ser usuarios de estos servicios los menores separados de sus familiares con medida de protección de acogimiento en familia ajena o extensa (como abuelos y tíos) y con una regulación establecida de contactos con las personas progenitoras u otros familiares.

El equipo técnico de los puntos de encuentro está formado por una persona coordinadora y, al menos, por una persona titulada en Psicología y otra en Trabajo Social. Igualmente, cuentan con una persona licenciada en Derecho y otra en Educación Social.

Disponer de información fidedigna y objetiva sobre las actitudes y aptitudes parentales que ayude a defender en otras instancias administrativas o judiciales los derechos del niño y a proponer las medidas que se consideren adecuadas es otro de los objetivos de un servicio destinado a que los progenitores acaben por asumir la situación para resolverla como personas civilizadas logrando una mínima concordia.

 
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