23-10-2019 / 14:31 h EFE

Cien personas mueren al año en Castilla y León por respirar aire contaminado por ozono, según ha recogido el informe que este miércoles ha presentado Ecologistas en Acción respecto a los datos registrados desde enero a septiembre de 2019 con datos proporcionados por el Instituto de Salud Carlos III.

El responsable de calidad del aire de esta organización, Miguel Ángel Ceballos, ha asegurado en rueda de prensa que, durante el verano de 2019, "los 2,4 millones de habitantes de la Comunidad han respirado aire contaminado por ozono, ya que se han superado los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud" -100 microgramos de ozono por metro cúbico de aire-.

En el caso de la normativa española y europea, el límite asciende a los 120 microgramos y no debe superarse más de 25 días al año, lo que ha sucedido, principalmente, en las estaciones ubicadas en Segovia, El Maíllo y en Valladolid -Renault 1-, que lo han hecho durante 36, 38 y 27 días, respectivamente, sobre estos niveles de la normativa.

Según ha advertido, "el ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que afecta a más población y territorio" y este año sus niveles han aumentado en el sur de la comunidad, y han sido más bajos en el noroeste, especialmente en El Bierzo, "coincidiendo con el cierre de la central térmica de Anllares".

En este sentido, si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la OMS, la población de Castilla y León que ha respirado aire contaminado por encima de lo permitido durante el año es de 243.000 personas, en la zona de la montaña sur, que agrupa parte de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia.

El mantenimiento de la contaminación por Ozono en 2019 es consecuencia del "repunte de la quema de combustibles fósiles" que acompaña al nuevo ciclo económico y agravada por el aumento de las temperaturas, el tráfico rodado, y las explotaciones de ganadería extensiva, sobre todo, las de porcino.

Tal y como ha advertido Ceballos, "los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios desde 2010, pero en el caso del ozono, la Junta de Castilla y León sigue sin elaborarlos, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de octubre de 2018, que se ha recurrido al Supremo".

Al respecto, ha precisado que ese recurso se ha admitido a trámite para dirimir si la obligación de elaborar los planes está vinculada a lo que se haga desde el Ministerio de Transición Ecológica, pero la Audiencia Nacional ya determinó que este ya cuenta con un plan, que debe ser válido para el ozono.

Por tanto, según Ceballos la Junta lo que hace es "marear la perdiz y no ponerse a trabajar, para evitar tocar algunos intereses económicos importantes -sobre todo, los relacionados con las empresas de automoción- y está actuando con negligencia, ya que cada año que pasa, cien personas mueren por el aire contaminado", ha añadido.

A la presentación de este informe también ha acudido el portavoz de Ecologistas en Acción de Valladolid, Javier Gutiérrez, quien ha demandado para la ciudad "un plan de actuación, más allá del protocolo que se ha utilizado este verano, que traiga consigo cambios estructurales, con pautas para la movilidad de los ciudadanos y actuaciones industriales".

Entre otras acciones, propone que se exijan otros procedimientos en empresas como Renault -que cuenta al lado con una estación de medición del ozono, que es la que más supera los niveles establecidos-, que se potencie el uso del transporte público y se sitúen zonas de bajas emisiones -como la de Madrid Central-.

 
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