23-10-2019 / 22:49 h EFE

Expertos de la ONU acusaron este miércoles a Birmania de seguir pisoteando los derechos de los rohinyá, y denunciaron que nada ha cambiado en el país tras la operación militar de 2017 contra esta minoría musulmana, que para los investigadores constituyó un "genocidio" que sigue impune.

El jefe de la misión de investigación de Naciones Unidas para Birmania, Marzuki Darusman, aseguró en una conferencia de prensa que el Gobierno del país no ha cambiado "nada" en relación con el trato que reciben los rohinyás.

Según Darusman, a día de hoy hay una "continuación" de la situación que vive esta población tras las "trágicas atrocidades" cometidas por el Ejército hace algo más de dos años en el estado de Rakáin.

El diplomático lamentó que el Gobierno birmano aún niegue lo ocurrido entonces y que por ahora nadie haya rendido cuentas.

"La impunidad continúa", acusó la relatora especial para la situación de los derechos humanos en Birmania, Yanghee Lee.

La experta independiente aseguró que el "devastador ciclo de abusos" contra esta y otras minorías no se ha detenido y que la situación de los alrededor de 600.000 rohinyás que permanecen en Rakáin apenas ha cambiado.

Por ello, subrayó que no se dan condiciones para el retorno de los aproximadamente un millón de miembros de esta comunidad que viven desplazados en campamentos en la vecina Bangladesh.

Según dijo a los periodistas, el conflicto en Birmania sigue dejando violaciones de las normas internacionales que pueden suponer "crímenes de guerra"

Los dos especialistas -que viajaron a Nueva York para comparecer ante la Asamblea General de la ONU- señalaron que no han podido hablar en los últimos años con la líder de facto birmana, Aung San Suu Kyi, y según Darusman no puede descartarse que la dirigente fuese cómplice del supuesto "genocidio" de 2017.

El jefe de la misión de Naciones Unidas, las pesquisas no pudieron determinar si Suu Kyi estaba al corriente de lo que sucedía, pero concluyeron que se debería seguir investigando.

Según dijo, su relación con las atrocidades de hace dos años sigue siendo una pregunta por responder.

En un informe presentado en 2018, los investigadores de la ONU confirmaron elementos de "genocidio intencional" por parte de las Fuerzas Armadas birmanas en su operación contra los rohinyá y pidieron que mandos del Ejército fuesen juzgados por un tribunal internacional.

Esa operación sucedió en agosto de 2017, después de un ataque de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares en la zona que causó más de un centenar de muertos (la mayor parte guerrilleros).

La campaña militar birmana que siguió causó un éxodo de unos 725.000 rohinyás a la vecina Bangladesh.

 
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