24-10-2019 / 13:41 h EFE

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este jueves su primer proyecto de ley en la actual legislatura, la de Garantía de Derechos y Prestaciones Civiles, que decayó en el mandato anterior tras ser impulsado por IU, que la incluyó en el acuerdo de investidura suscrito con el PSOE.

El texto que ahora iniciará una nueva tramitación parlamentaria desde el inicio en la Junta General reproduce el que se debatió en la anterior legislatura con la única novedad de que se consideran ayudas directas las subvenciones a las familias que se sumen al programa de acogimiento de menores.

Según la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, la futura normativa blindará las principales medidas para dar cobertura a personas en situación de vulnerabilidad y permitirá asegurar, consolidar y agilizar los apoyos económicos destinados a aquellos colectivos que más lo necesitan.

El objetivo, ha añadido, es crear un sistema más eficiente, que evite las duplicidades e impulse la cooperación interadministrativa y, con el fin de recortar los plazos de tramitación, promover la gestión simplificada, el régimen de concesión directa de subvenciones y la administración electrónica.

El texto legal incluye medidas para acelerar el pago del salario social básico, así como exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones y también prevé la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a esta renta mínima.

Además, plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, miembros con discapacidad y dependencia de forma que plantea medidas para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de menores en acogimiento familiar, al tiempo que recoge las garantías jurídicas para abonar las compensaciones económicas a estos hogares de manera directa.

En el ámbito de la vivienda la futura ley aspira, según Álvarez, a asegurar el derecho de toda la sociedad a un hogar digno y, con esa finalidad, "simplifica la concesión de ayudas, que pasarán a otorgarse de forma directa".

También garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio en relación con las ayudas de emergencia social que gestionan las entidades locales y pone especial énfasis en la atención a la infancia, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética.

El texto cuenta ya con el visto bueno del Consejo Asesor de Bienestar Social y de la Comisión Asturiana de Administración Local y también ha sido presentado a los agentes sociales en el ámbito de la concertación, a los grupos parlamentarios, a la comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y a las entidades del tercer sector.

El proyecto de ley, según ha señalado la consejera, se ha enriquecido con algunas alegaciones recibidas durante la fase de información pública después de que el anterior texto fuera aprobado por el Consejo de Gobierno en noviembre de 2018 aunque finalmente su tramitación en la Junta General no se completó con lo que la iniciativa decayó y ahora resultaba preciso retomarla para su aprobación.

 
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