24-10-2019 / 15:31 h EFE

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, considera que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es "un acto de justicia y de dignidad" con el que el Gobierno de España "subsana una anomalía histórica" y una situación "inadmisible" en una democracia.

"Los restos del dictador no podían estar al lado de las víctimas", ha dicho Zuloga, quien ha afirmado que la exhumación es un acto de justicia con las víctimas y de dignidad para la democracia española y para todos los ciudadanos.

El vicepresidente ha hecho esta valoración, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, una valoración, ha matizado, a título personal porque este asunto no se ha tratado en la reunión.

Ha reconocido también que en Cantabria queda aún mucho por hacer para recuperar la memoria histórica, aunque también ha recordado que por primera vez el Gobierno regional cuenta con una dirección general específica, que se ha creado esta legislatura.

La primera tarea que hay por delante, ha subrayado, es la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria, y en los presupuestos de 2020, según ha adelantado, ya se consignará una partida abierta para desarrollarla.

Entre las acciones que hay que poner en marcha está la eliminación del callejero franquista que aún se mantiene en los municipios de la región, a los que se podrían otorgar ayudas para avanzar en la supresión de los nombre de calles relacionados con el franquismo.

La ley recogerá una serie de compromisos que tiene que asumir el Gobierno de Cantabria, como el desarrollo de un mapa de fosas y la creación de un banco de ADN para que las víctimas puedan ser identificadas por sus familiares en cada una de las fosas.

Zuloaga se reúne este jueves en la Biblioteca Central con colectivos de la memoria histórica para explicarles la situación en la que se encuentra la tramitación de la ley autonómica y analizar qué cuestiones son las más urgentes y cuáles pueden esperar un poco más entre todas las que están pendientes.

En cualquier caso, su intención es trasladarles que se sientan a hablar "con un gobierno que es sensible y que busca que Cantabria sea una tierra más tolerante y más justa", para lo que es necesario aprobar y desarrollar después la ley.

 
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