24-10-2019 / 21:30 h EFE

El borrador de una resolución por parte del Gobierno colombiano para regular el aborto desató una polémica este jueves en el país, por lo que sectores conservadores consideran es un atentado contra la vida.

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó el pasado 9 de octubre el borrador que realizó por orden de la Corte Constitucional, que le dio octubre como plazo máximo para la regulación del aborto.

En dicho documento, que trascendió hoy, las autoridades resaltaron que los "derechos reproductivos se basan en el principio de la dignidad humana y en los derechos a la autonomía, intimidad y a la autodeterminación reproductiva" y que en el país esta práctica está despenalizada en tres casos.

El primero de ellos es cuando el embarazo represente un peligro para la vida de la madre, cuando exista una malformación en el feto que haga inviable su vida o si es producto de una violación.

Por lo anterior, el Ministerio pretende "adoptar el marco normativo" para que se garantice el derecho fundamental del aborto en esos casos y estipula que esta directriz debe ser acogida de forma obligatoria por todas las entidades que presten servicios de salud.

Ante dichas pretensiones, partidos políticos de origen conservador y la iglesia católica rechazaron el borrador, por lo que pidieron al presidente Iván Duque que ordene al ministerio "inhibirse de expedir la resolución".

El partido Colombia Justa y Libre señaló en una carta enviada al mandatario que se están sustituyendo las funciones del Congreso y se pretenden "expedir actos administrativos violatorios de los derechos humanos fundamentales".

Además, el partido señala que debe ser en el legislativo donde se tramite y discuta un proyecto "de esta naturaleza" y recordó que la bancada apoyó a Duque porque este estaba de acuerdo con su "postura pública frente a la defensa de la vida".

Sobre esto, el Ministerio de Salud señaló que para el alto tribunal esa cartera es la "competente para dictar las medidas que aseguren la suficiente y efectiva disponibilidad en el acceso a estos servicios".

El viceministro de Salud, Iván González, afirmó a periodistas que la "orden de la Corte Constitucional es recoger 13 años de jurisprudencia y regular la interrupción voluntaria del embarazo (iev)".

Aseguró que "la resolución no plantea nada distinto, sólo el derecho a tener calidad y seguridad frente a la IVE en las únicas 3 causas despenalizadas. No plantea nada nuevo ni explora nuevos temas".

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal de Vida, monseñor Juan Vicente Córdoba, afirmó a la emisora Blu Radio que el alto tribunal no puede "decir que lo que era un delito se convirtió en un derecho".

En opinión de Córdoba, esa corte se está tomando atribuciones "tremendas", pues el encargado de formular las leyes en el país es el Congreso y rechazó que supuestamente a los médicos se les prohíba recurrir a la objeción de conciencia.

Sobre esta acusación, el González aclaró que "la objeción de conciencia de los médicos es un derecho y está protegida en la resolución. No es cierto que se contemplen sanciones penales para los médicos que objeten".

Al respecto varias organizaciones en contra del aborto hicieron plantones frente al Ministerio de Salud portando pancartas con mensajes en contra del borrador del Gobierno.

 
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