25-10-2019 / 14:52 h EFE

La Audiencia Provincial de Oviedo ha decidido que no admitir a trmite las demandas de indemnizacin por daos y perjuicios que interpongan quienes suscribieron acciones del Banco Popular en el mercado secundario, al concluir que la normativa prohbe este tipo de compensaciones.

Segn el acuerdo de unificacin al que ha tenido acceso Efe, las secciones civiles de esta sede judicial invocan la ley 11/15 de recuperacin y resolucin de entidades de crdito, que "impide a los accionistas perjudicados" reclamar los daos derivados de la resolucin del Popular, ejecutada el 7 de junio de 2017 y que supuso la reduccin a cero del valor de los ttulos.

Con todo, los magistrados no se pronuncian sobre los procedimientos de nulidad por error o vicio en el consentimiento de los afectados que acudieron al mercado primario, esto es, a la emisin originaria de las acciones por parte del banco, casos en los que cada juzgado continuar con su criterio.

Por el contrario, para los inversores del secundario, se reservan la posibilidad de que emprendan acciones contra los hipotticos "responsables de lo ocurrido", o invoquen otros mecanismos de salvaguarda reconocidos por la citada ley.

El escrito, fechado el pasado 11 de octubre, ya ha sido notificado a los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijn, as como a los jueces y magistrados de Asturias.

En nota de prensa, la asociacin de consumidores Asufin lamenta este resultado por ser "contrario" a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias sobre deuda subordinada y participaciones preferentes emitidas por las cajas de ahorro rescatadas, las cuales tambin se regan por una norma que prohiba las indemnizaciones.

En aquellos supuestos, prosigue, el alto tribunal dijo que la prohibicin no afectaba a las demandas fruto del engao en el momento de la contratacin, sino que lo que se bloqueaba era el hecho de poder recibir una indemnizacin por daos causados por la intervencin de la entidad.

"Confiamos en que el Supremo mantenga su doctrina anterior y que los juzgados provinciales no acojan este criterio, que es totalmente contrario a los derechos de los consumidores", aade la presidenta de Asufin, Patricia Surez, que lamenta que tras los escndalos bancarios de la ltima dcada "todava se tenga que hacer pedagoga en los tribunales".

 
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