25-10-2019 / 16:00 h EFE

La madre de la niña afrodescendiente que sufrió acoso escolar racista en un colegio público madrileño, un caso sobre el que la justicia ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizarla con 7.500 euros, ha declarado que destinará parte del dinero a la campaña #suspensoalRacismo.

En un comunicado este viernes, los padres de la niña han confiado en que el fallo, conocido ayer, además de acabar "con la traumática experiencia familiar y el calvario de la niña", sea "una sentencia ejemplificadora" y marque "un antes y un después" en la lucha contra la discriminación racial en las aulas.

La familia de la menor (el padre es dominicano) quiere también que se conozca la campaña #suspensoalRacismo, puesta en marcha con motivo del juicio celebrado el pasado día 8, y llegue a las poblaciones de niños vulnerables al 'bullying' y al racismo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha fallado en favor de la menor que sufrió el acoso a lo largo de varios años en el centro educativo público Cardenal Herrera Oria de Madrid (se cambió a la dirección del centro tras la denuncia de esta familia y de otros casos de acoso).

Los hechos comenzaron en 2016, cuando la niña tenía 10 años. "Constantes insultos, humillaciones, intimidaciones, amenazas y aislamiento por parte de sus compañeros, llegando a describir hasta 16 situaciones conflictivas, determinantes de graves daños psicológicos a la menor", dice el fallo.

Establece que el colegio -titularidad de la Comunidad de Madrid-, fue consciente de la situación y no hizo lo suficiente para evitarla o paliarla a tiempo y con la firmeza necesaria en estos casos, lo que provocó que la niña tuviera que ser reubicada en proceso extraordinario en otro centro escolar.

La situación produjo a la niña un trastorno de estrés postraumático grave asociado a sintomatología depresiva, ansiedad, miedo y baja autoestima.

La sentencia subraya que el menor no tiene el "deber jurídico de soportar el daño, de acuerdo con la Ley" y destaca sobre este caso concreto: "Nos encontramos con que la Administración no hizo lo suficiente para detectar y corregir una posible situación de acoso escolar y que dicha omisión ha contribuido causalmente a la producción de un daño al menor".

 
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