25-10-2019 / 16:30 h EFE

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha señalado este viernes que recientemente se ha suscrito un protocolo entre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y varios ministerios para controlar el uso de las tecnologías en los puestos de trabajo.

En declaraciones este viernes en Guadalajara previas a su intervención en unas jornadas organizadas por el Colegio de Abogados de Guadalajara, Valerio ha destacado la calidad de estas jornadas que "abordan siempre temas relevantes para los abogados laboralistas de este país".

En concreto, las jornadas se centran en la regulación del registro de jornada y el impacto que está teniendo la digitalización en las empresas y, en este sentido, ha señalado que habrá que cuadrar los avances de esta tecnología digital, junto a su correcto uso, con el respeto de los derechos de los trabajadores.

Se ha referido a la reciente firma de un protocolo de diversos ministerios con la AEPD para hacer un seguimiento y controlar el uso que se hace de la nuevas tecnologías en los puestos de trabajo y no vaya en contra de las personas con el objetivo de que "se respete la privacidad, la intimidad y se puedan adoptar medidas”.

Ha ampliado que en este protocolo, que se presentará a los agentes sociales y económicos, se va a trabajar mucho con los colegios de abogados y, también, "nos comprometemos a iniciar los trámites para la ratificación 190 de la Organización Internacional del Trabajo que aborda medidas para evitar el acoso en el trabajo, especialmente las trabajadoras".

Respecto al registro de jornada, ha dicho que "somos conscientes que era importante ponerlo en funcionamiento en nuestro país y que se hizo con un Real Decreto Ley en marzo porque consideramos eran de extraordinaria y urgente necesidad y se hizo con una fórmula flexible para que las empresas se adaptasen".

En este sentido, ha señalado que dos días después de entrar en vigor salió una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que obligaba a sus estados miembros a regularizarla.

Por último, y preguntada por su funcionamiento, la ministra ha señalado que "todavía no tenemos una evaluación global" y ha confiado en que "esté funcionado bien".

 
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