El Ayuntamiento de Santander reclamará a los Gobiernos central y regional en los tribunales el perjuicio económico que ha supuesto la resolución del convenio urbanístico con la Fundación Caja Cantabria -casi 7 millones de euros- tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2012.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han recomendado, en un informe al que ha tenido acceso Efe, reclamar ese "daño" al municipio ante la jurisdicción contencioso-administrativa tras la desestimación por parte del Gobierno cántabro, el pasado mes de agosto, de la reclamación de responsabilidad patrimonial por esa anulación.
También esa reclamación ante lo contencioso-administrativo se hace al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por silencio administrativo ante la misma solicitud del Ayuntamiento de responsabilidad patrimonial.
La resolución de ese convenio urbanístico ha supuesto al Ayuntamiento de Santander devolver los 6.940.892,54 euros que la Fundación Caja Cantabria abonó al Consistorio por el cambio de uso del suelo de la parcela que tiene en Cazoña, y que no se ejecutó tras anular en 2012 el Tribunal Supremo el PGOU que recogía esa modificación.
La Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Santander debatirá este lunes, 28 de octubre, para su aprobación y remisión al pleno -que tendrá que ratificarlo-, reclamar ante los tribunales a los gobiernos central y regional ese perjuicio económico por no poder ejecutarse el convenio urbanístico.
El informe de los servicios jurídicos municipales, al que ha tenido acceso Efe, indica que existe "base jurídica", pese a los argumentos del Gobierno cántabro, para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica ante la resolución del convenio con la Fundación Caja Cantabria.
Y señala que la sentencia firme del Tribunal Supremo que anuló el plan general, en el que se incluía la modificación que recogía ese convenio urbanístico, causó al Ayuntamiento "un daño o lesión patrimonial, consistente en la pérdida del importe económico que ha tenido que devolver a Caja Cantabria (6.940.892,54 euros)".
Sobre la anulación del PGOU por el Tribunal Supremo, estos servicios jurídicos recuerdan que se produjo por el proyecto de obra del Bitrasvase del Ebro, que "resulta imputable a la Administración regional, al haber sido la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, el órgano ambiental encargado de emitir la estimación de impacto ambiental que originó la anulación del proyecto de obra del Bitrasvase".
"La deficiente estimación de impacto ambiental realizada y la consiguiente anulación del proyecto de obra del Bitrasvase, se erigen en la causa externa que, a su vez, motivó la anulación del PGOU y trajo consigo la posterior resolución del convenio urbanístico", añade el informe, en el que se apunta "la necesaria relación de causalidad entre el anormal funcionamiento del servicio público y la lesión patrimonial sufrida, sin que el Ayuntamiento de Santander haya interferido en la producción de ese daño".
"Parece oportuno someter la presente controversia ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a fin de que sean los tribunales de justicia los que diriman si la deficiente evaluación de impacto ambiental del Bitrasvase, que acarreó la anulación del PGOU y la consiguiente resolución del convenio urbanístico, causó un perjuicio económico al Ayuntamiento de Santander", concluye el informe municipal.
Esta reclamación judicial se une a la que ya presentó el Ayuntamiento de Santander, a finales del año pasado, a los gobiernos central y regional, por los perjuicios económicos de más de tres millones de euros, ocasionados por lo invertido en la redacción del PGOU, un proceso que requirió más de ocho años de trabajo e incluyó cuatro periodos de exposición pública.
Noticias relacionadas
-
No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.