28-10-2019 / 15:20 h EFE

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado continuar como procedimientos abreviados las causas abiertas por prevaricación y malversación contra dos empresarios que recibieron sendas ayudas públicas de 300.000 euros y que son investigados en dos piezas separadas del caso de los ERE.

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez de refuerzo también ha acordado el sobreseimiento provisional del procedimiento contra el único investigado en otra pieza separada por ayudas de 200.000 euros concedidas a la empresa Embutidos Cordón.

El magistrado explica que en estas tres piezas no es posible depurar posibles responsabilidades penales ni procesar a Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, el exviceconsejero Agustín Barberá y Juan Márquez, ex director general de Trabajo y Seguridad Social, porque ya fueron encausados por estos hechos en la pieza política de los ERE.

En un auto fechado el día 22 de octubre, el juez procesa al administrador y socio único de Explotaciones Agrícolas Plantasur por "la presunta ilicitud de la ayuda" que su empresa obtuvo "de manera arbitraria y fraudulenta", 300.000 euros concedidos el 8 de febrero de 2010 con cargo a la partida 31-L de los que se habrían abonado finalmente 225.000.

El 28 de diciembre de 2009, la empresa solicitó a la Junta, "sin explicación alguna", una ayuda por importe de 450.000 euros y Márquez, "prescindiendo de todo procedimiento legal", concedió el 8 de febrero de 2010 una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros que fue abonada a través de la agencia pública IDEA mediante una orden de pago firmada "con el visto bueno" de Barberá y "siguiendo las indicaciones" del consejero Fernández.

En otro auto dictado el 23 de octubre, el juez procesa al administrador y socio único de Escayolas Saavedra y Yesos y Complementos por "la presunta ilicitud de las ayudas" que recibieron ambas empresas por importe de 300.000 euros, concedidas y abonadas los días 29 (200.000 euros) y 30 de diciembre (100.000 euros) de 2008 con cargo a la partida 31-L.

"Como consecuencia de las gestiones realizadas" por el investigado a través de una persona ya fallecida "que mantenía contactos" con Márquez, este concedió el 1 de diciembre de 2008 una ayuda sociolaboral excepcional por valor de 300.000 euros abonada "a través del correspondiente convenio de colaboración suscrito por la Dirección General de Trabajo con IDEA" tras una orden de pago dada por el director general "con el visto bueno" del viceconsejero.

El juez considera que cada ayuda "carecería de objeto definido y concreto y se llevó a efecto de forma injusta y arbitraria" y que todas fueron abonadas "con cargo a un concepto presupuestario inadecuado, sin control administrativo y sin exigir la acreditación del destino de los fondos percibidos".

En un tercer auto dictado el 24 de octubre, el magistrado archiva el procedimiento contra el único investigado en la pieza separada por las ayudas que recibió Embutidos Cordón.

Tal como señaló el Ministerio Fiscal, que solicitó el sobreseimiento, el investigado sólo participó "en la tramitación administrativa de la ayuda", por lo que "no es posible deducir una participación penalmente relevante" por su parte en algún delito.

 
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