30-10-2019 / 13:41 h EFE

Las asociaciones agrupadas en la plataforma RMI Tu Derecho han denunciado el "desmantelamiento" de la renta mínima de inserción (RMI) que, a su juicio, está llevando a cabo la Comunidad de Madrid, a la que acusan de limitar el acceso a esta prestación mediante la densificación de los trámites burocráticos.

RMI Tu Derecho ha publicado un análisis del informe sobre la RMI de 2018 realizado por el Gobierno regional, del que destacan que las familias perceptoras de rente mínima de inserción fueron 4.258 menos que en diciembre de 2017 y 5.300 menos que en enero del mismo año.

Así, el año pasado hubo 33.000 familias perceptoras de RMI, un 7 % menos que en 2017, a pesar de que informes recientes de EAPN (red europea de lucha contra la pobreza) y la Fundación Foessa han cifrado en 347.000 y 486.778, respectivamente, el número de madrileños en pobreza severa.

Otro estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha revelado este miércoles que en la Comunidad de Madrid sólo una de cada diez personas en riesgo de pobreza (106.746 sobre un total de 1.013.024) perciben una RMI.

La Comunidad, que "por primera vez en diez años" según RMI Tu Derecho dejó sin ejecutar casi el 10 % de su presupuesto para la renta mínima (14,3 millones de euros respecto a un total de 168,9), achaca la reducción de beneficiarios a la incorporación de más personas al mercado de trabajo y al menor número de solicitudes presentadas.

Al respecto, RMI Tu Derecho (de la que forman parte la Coordinadora de Vivienda Madrid y el centro pastoral San Carlos Borromeo, entre otros) alega que el problema no es la bajada de solicitudes, sino "la caída en picado de la tasa de concesión".

El portavoz de la plataforma, Roberto Bordas, ha explicado que, si en 2016 se aprobaban el 50 % de las solicitudes de RMI, ese porcentaje ha bajado hasta el 23 % en 2018, mientras que el porcentaje de solicitudes denegadas ha pasado de un 25 % a un 32 % en estos dos años y el de solicitudes archivadas de un 25 % a un 44 %.

Y de esos procedimientos archivados, ha subrayado Bordas, el 95 % son el resultado de la incapacidad de las familias de responder a los requerimientos de documentación de la Comunidad, a la que culpa de haber creado "una trama burocrática que, al final, acaba privando del derecho a la RMI a las familias".

Esta "maraña de papeles" que censura la plataforma consta de "documentación muy difícil o imposible de conseguir", la "injustificada petición reiterada de documentación ya entregada" y notificaciones "diciendo que falta documentación pero sin especificar cuál es", a lo que se unen "las dificultades para encontrar a tiempo apoyo en servicios sociales desbordados".

Por otro lado, Bordas ha indicado que las suspensiones cautelares casi se han doblado (de 2.406 a 4.580) entre 2016 y 2018, y que el año pasado el 55,5 % de estas se atribuyeron a la no aportación de documentación solicitada.

Las suspensiones, ha recalcado, se notifican y se hacen efectivas sin comprobaciones previas y a menudo no aclaran las causas de la misma o no informan de la posibilidad de recurrirla, como ha alertado, recuerdan desde RMI Tu Derecho, el Defensor del Pueblo en su informe anual.

Y, además, cuatro de cada diez suspensiones cautelares acaban con la extinción de la prestación; las extinciones, de hecho, ascendieron a 5.767 en 2018, casi el doble de las nuevas concesiones.

Aun y con todo, otra portavoz de la plataforma, Hontanares Arranz, ha apuntado que "los nuevos responsables" del Gobierno autonómico han mostrado su disposición para "mejorar la situación", por lo que cree que "hay esperanza" para el futuro de la prestación.

 
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