01-11-2019 / 14:01 h EFE

La Comunidad de Madrid abre desde 4 de noviembre cuatro nuevas Oficinas Delegadas de Justicia en las prisiones de Alcalá-Meco, Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez, que se suman a las ya existentes en Estremera y Soto del Real para agilizar notificaciones judiciales y ahorrar desplazamientos a los funcionarios.

Según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado, con estas cuatro nuevas Oficinas de Justicia todos los centros penitenciarios de la región contarán con uno de estos departamentos, que permiten realizar de forma inmediata las notificaciones de las medidas judiciales que afecten a los reclusos, garantizando el cumplimiento de las mismas en los plazos establecidos y ahorrando gastos en desplazamientos de los funcionarios judiciales.

En la actualidad los Centros Penitenciarios de Estremera y Soto del Real ya contaban con este servicio, fruto del convenio suscrito por los Ministerios de Interior y Justicia con la Comunidad de Madrid en el año 2104.

Estas oficinas tramitaron durante el pasado año 9.365 notificaciones (5.994 en Soto del Real y 3.3371 en Estremera).

El pasado mes de abril el acuerdo entre ambas administraciones se amplió a otros cuatro centros: Madrid I y II (Alcalá-Meco), Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero) y Madrid VI (Aranjuez), un convenio que tendrá una duración de cuatro años y que podrá ser renovado automáticamente a la conclusión del mismo.

Estas oficinas prestarán asistencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Nacional, los Decanatos de Madrid y Alcalá de Henares, Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez, juzgados penales y los de violencia sobre la mujer, vigilancia penitenciaria y primera instancia e instrucción.

Asimismo, podrán llevar a cabo actuaciones encomendadas por otros órganos jurisdiccionales de todos los ámbitos territoriales en lo que se refiere a actos que afectan a personas privadas de libertad o cuyo domicilio laboral se encuentre en los citados centros penitenciarios.

Las Oficinas Delegadas de Justicia estarán gestionadas por dos funcionarios: uno experto en gestión procesal y otro en auxilio judicial; en total, serán ocho los trabajadores que se incorporen a los cuatro centros penitenciarios.

La Comunidad de Madrid asumirá el pago de las nóminas de estos funcionarios, el Ministerio de Interior será el responsable de las dependencias y su mantenimiento, mientras que el Ministerio de Justicia será el responsable de aprobar la plantilla de las oficinas.

 
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