El Gobierno de Aragón quiere “blindar” las políticas sociales y continuar con la senda emprendida en la pasada legislatura para atender las necesidades de las personas, especialmente de las más vulnerables, para lo que se destinarán 440 millones de euros, un 7 % más que en el ejercicio anterior.
Este es el presupuesto con el que contará la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales y que ha sido desgranado este lunes por la consejera María Victoria Broto, en la Comisión de Hacienda en las Cortes de Aragón, ante las críticas de la oposición que lo han tachado de continuista.
Un adjetivo que no ha disgustado a Broto, al contrario, le ha enorgullecido, según ha reconocido: “Sí que es continuista, y me siento orgullosa de querer continuar y mejorar”, ha zanajado y ha añadido que Aragón lidera en muchas cuestiones la políticas sociales.
De hecho, así lo ha descrito en su primera intervención antes de escuchar al resto de los grupos parlamentarios: “Es un presupuesto realista, riguroso y que permite la continuidad en el reconocimiento de los derechos de las personas”.
En resumen, ha hecho una defensa de las políticas sociales, algo en lo que el Gobierno de Aragón sí que cree, ha apuntado, para añadir a continuación que además de mejorar la vida de los ciudadanos y atender a los más vulnerables, generan empleo y vertebran el territorio.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) acapara prácticamente la totalidad del presupuesto del departamento, con 408 millones de euros, un 5 % más que el ejercicio anterior, de los cuales 200 millones de euros se destinarán al desarrollo de la Ley de la Dependencia.
Con esta cuantía, el departamento se propone acabar con las listas de espera de forma que desde la solicitud de reconocimiento hasta la resolución no transcurran más de seis meses y aumentar el número de personas atendidas a través del servicio de Ayuda a Domicilio mediante convenios con las entidades locales.
Además se incluyen otras partidas importantes: 78 millones de euros para la atención a la discapacidad; 21 millones de euros para plazas concertadas en residencia de personas mayores; 51,1 millones de euros al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y el complemento a las pensiones no contributivas, 4,1 millones de euros.
Desde la oposición, la diputada popular Marián Orós ha cargado contra lo que ha llamado unos presupuestos “continuistas” con unos “ingresos tramposos” por cuanto contemplan que el Estado aporte 60 millones de euros a la ley de Dependencia cuando todavía no se ha formado el Gobierno central.
¿Lo tiene firmado y comprometido? Porque Pérez Anadón (consejero de Hacienda) dijo que no tenía estimación de lo que nos iba a dar?, se ha preguntado, al tiempo que ha acusado a la consejera de hacerse “trampas al solitario” por esta cuestión.
Orós ha hablado también de la falta de profesionales para atender los servicios sociales, una cuestión que ha destacado también la diputada de Ciudadanos Loreto Camañes.
En concreto, ha lamentado que se mantenga el número de profesionales para atender a los menores no acompañados y se disminuyan los efectivos para atender a las personas con discapacidad. Los trabajadores del IASS están desbordados, ha subrayado.
Para Vox esta consejería que gestiona las políticas sociales es “fundamental”, según el diputado David Arranz, quien ha reconocido la ejecución casi en su totalidad del presupuesto del ejercicio anterior, lo que indica, a su juicio, que son medidas reclamadas por la ciudadanía.
Álvaro Sanz, de IU, ha puesto el foco en dos cuestiones: el módulo de familias del albergue “lleno” de trabajadores pobres que sufren desahucios y la falta de estructura y competencias de la comarca central de Zaragoza, lo que puede afectar, a su juicio, en la prestación de servicios.
Entre los grupos que apoyan al Gobierno, Pilimar Zamora, del PSOE, ha defendido que estos presupuestos, “una vez más”, apuestan por mejorar la vida de los aragoneses; reducir las desigualdades y contribuir a un Aragón “cohesionado”.
Erika Sanz (Podemos) ha reconocido que este presupuesto avanza en la línea de poner la vida y los cuidados en el centro de la política; ha apostado por reducir la lista de espera de dependencia, y ha preguntado por la protección de menores sobre lo que Broto apenas ha hablado, además de por la seguridad en los puntos de encuentro.
Para Esther Peirat (PAR) estos son unos presupuestos “aragonesistas” y “sociales”, mientras que la diputada de CHA Carmen Martínez ha pedido a la consejera que sea “reivindicativa” para exigir al Estado el 50 % de la financiación de la ley de dependencia.
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