18-11-2019 / 20:00 h EFE

Solo, impasible y serio, Quim Torra mira fijamente a su abogado:

- ¿Obedeció la orden de la JEC?

- No, no la cumplí. Déjeme decirlo de otra forma: sí, la desobedecí.

Así ha culminado la declaración del presidente de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que se juega hasta dos años de inhabilitación por mantener lazos amarillos y pancartas de apoyo a "los presos políticos y exiliados" en edificios públicos en plena campaña para el 28A.

Sin remilgos, sin alterar la voz y sin un solo representante del Govern en la sala, Torra se ha 'inmolado' frente a los tres magistrados del tribunal que, impávidos, han asistido a la confesión del primer jefe del ejecutivo catalán procesado en el ejercicio de su cargo.

Tras él, su mujer y su hijo, su asesor Pere Cardús y el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, el único representante político que lo ha acompañado durante las más de seis horas que ha durado el juicio.

Más allá, sillas vacías, casi la mitad de las sesenta que llenó Artur Mas en su juicio por el 9N. Casi todos los consellers lo han arropado a su llegada al Palau de Justícia de Barcelona. Pero ninguno ha entrado.

No hasta la tarde, cuando Laura Borràs, líder de JxCat en el Congreso, ha decidido asistir a la segunda parte de la sesión, aunque para entonces ya corrían regueros de tinta sobre la soledad del president, que ha querido agradecérselo con un largo abrazo.

Pero el juicio ha arrancado mucho antes, con un Torra de traje oscuro y lazo amarillo en la solapa, que al cruzar el umbral de la sala de lo civil y penal del TSJC ha asegurado con firmeza: "estoy tranquilo".

La calma la ha mantenido hasta el final, no tanto el semblante sonriente, que ha suplantado por un gesto duro y taciturno que tan solo ha alterado para enfrentar al tribunal juzgador, el mismo al que ha recriminado su "parcialidad".

El cruce de reproches ha comenzado nada más subir al estrado, cuando ha expresado su intención de no responder a la acusación popular ejercida por Vox por ser "un partido franquista", comentario ante el cual el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha avisado: "No le voy a permitir ese tipo de descalificación".

El roce no ha quedado aquí y Torra ha contraatacado aludiendo al día en que Barrientos plantó al presidente del Parlament, Roger Torrent: "Desde el momento en el que se judicializa la política, hablamos de presos políticos, aunque incomode a alguien y haya quien se levante cuando escucha decirlo".

A la tirantez del clima tampoco han ayudado las constantes referencias a Torra como "señor" por parte del juez y el fiscal, un apelativo que ha despertado la indignación del abogado Gonzalo Boye, quien ha insistido una y otra vez en que debían llamarlo "muy honorable presidente" no fuera que ya lo dieran por inhabilitado: "En Justicia, a veces las apariencias lo son todo", ha recordado.

Ya lo había anticipado la letrada Isabel Elba tan sólo media hora después de arrancar la sesión, cuando ha solicitado la nulidad de la causa o la suspensión del juicio por la imparcialidad de la instrucción y del tribunal. Un golpe de efecto estéril que ha apuntalado al subrayar: "todo lo que empieza así de mal, no puede acabar bien".

Algo debía sospechar la abogada, ya que todas las partes han acabado elevando sus conclusiones a definitivas e incluso Vox ha renunciado a la mayoría de testigos al tenerlo ya "muy claro".

Una misma claridad que ha querido abanderar en todo momento la defensa, cuya estrategia ha sido probar que Torra no tenía por qué obedecer a la JEC al considerar que ni es un órgano superior al president, ni tiene competencia para dictar una orden así.

Torra, en cambio, ha ahorrado en términos jurídicos y ha navegado entre la Guerra de Sucesión y las sucesivas resoluciones del Parlament -"el único al que debe obediencia"- para justificar su papel, hasta el punto de convertir su alegato final en un discurso mitinero.

El presidente catalán se ha declarado "víctima" de un "juicio político" sin garantías y ha "acusado" al Estado de "vulnerar" sus derechos e intentar "alterar el panorama político catalán": "No vengo aturdido ni en silencio", ha aclarado.

En diecisiete minutos exactos, ha apelado a la "dignidad" del cargo que ostenta y se ha encomendado a un "compromiso superior" con "la voluntad del pueblo catalán", al que ha prometido que jamás se "rendirá".

Un aviso con tintes de amenaza con el que ha acabado subrayando al tribunal: "vuestra condena será vuestra condena" pero "no cambiaréis el destino de este país".

 
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