El juzgado de lo Social número 3 de Huelva ha condenado al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales al no activar el Protocolo de Actuación frente al acoso laboral solicitado por un trabajador.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima íntegramente la demanda realizada por G.C.G., funcionario de carrera del Consorcio para el que viene prestando servicio como bombero conductor adscrito al Parque de Bomberos de San Juan del Puerto (Huelva) y en el que ostenta la condición de delegado sindical del Sindicato Andaluz de Bomberos.
Esta persona con fecha 16 de octubre de 2017 presentó en los registros del Consorcio un escrito de denuncia en el que afirmaba "venir siendo objeto de una situación de acoso por parte de la representación jerárquica del propio Consorcio del que demandaba amparo mediante la activación del Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral en la Administración General del Estado", algo que a fecha de juicio no se había llevado a cabo.
Los hechos que justifican ese acoso se dan por acreditados por el juez al haberlos reconocidos expresamente en la vista el organismo empleador.
La situación de acoso se remonta a 2011y desde entonces ha sufrido reiteración de amenazas constantes con aperturas de expedientes disciplinarios, no se le ha dejado intentar promocionar en la administración o irregularidades reiteradas en las solicitudes del profesional para poder acceder a la formación gratuita que ofrece la Escuela de Seguridad Publica de Andalucía (ESPA) por lo que no tuvo acceso a la formación durante años.
La situación más "insostenible", según relata en la demanda, ha sido la vivida en estos últimos años, donde tras un expediente sancionador por parte del Consorcio de Bomberos se le sancionó en firme con 15 meses de empleo y sueldo, por lo que el trabajador llevó el asunto a los juzgados y se estimó su recurso.
En la demanda ahora estimada por el juez en la sentencia, contra la que cabe recurso, se solicitaba por parte del bombero el cese de las conductas de acoso y la incoación de expedientes disciplinarios a las personas responsables.
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