19-11-2019 / 14:29 h EFE

La Mesa de la comisión de investigación de Avalmadrid ha pedido este martes a la Mesa de la Asamblea que se habiliten los días útiles precisos para celebrar un total de trece sesiones, la primera de ellas el próximo jueves 28 de noviembre, fecha que fue inicialmente rechazada.

La Mesa de la Asamblea rechazó este lunes habilitar el 28 de noviembre (inhábil, al corresponder a la última semana del mes) para la primera sesión con comparecientes de la comisión, alegando que no había recibido su plan de trabajo y ni siquiera un esquema preliminar del mismo.

El presidente de la comisión de Avalmadrid, Modesto Nolla (PSOE), ha explicado a Efe que la Mesa de la comisión enviará este martes ese esquema al órgano rector de la Asamblea.

Una vez la Mesa de la Asamblea dé el visto bueno el calendario propuesto por la comisión, ha indicado Nolla, esta podrá aprobar su plan de trabajo, que "está ya avanzado", y anunciar el orden del día para la primera sesión con comparecientes.

Si, tal y como pretende la Mesa de la comisión, se pueden celebrar trece sesiones, pasarán por esta comisión de investigación un máximo de 52 comparecientes, al haber un tope de cuatro por sesión.

En principio, los trabajos de la comisión se prolongarán hasta diciembre de 2020, sin perjuicio de que pueda acordarse una prórroga.

La comisión de Avalmadrid, creada a propuesta del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, fiscalizará los avales concedidos por la entidad semipública a empresas entre 2007 y 2018, entre ellos, el concedido en 2011 por valor de 400.000 euros una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que nunca fue devuelto en su totalidad.

Avalmadrid es una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter semipúblico en la que la Comunidad de Madrid, con un 26,14 % del capital suscrito, es la principal accionista.

Está supeditada a la supervisión administrativa del Banco de España, que tras la realización de dos inspecciones, en 2012 y en 2016-2017, y la apertura del expediente sancionador por las irregularidades detectadas en la concesión de avales a empresas.

 
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