20-11-2019 / 18:20 h EFE

La juez ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias seguidas contra el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, al considerar que no cometió un delito de prevaricación por anular la convocatoria de la plaza para sustituir a la defensora universitaria, Paz Andrés.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha dictado y notificado este miércoles un auto por el que acuerda sobreseer de forma provisional y archivar la querella interpuesta por el profesor R.I.R.M., el pasado 22 de mayo.

La querella se dirigía contra el rector, así como el vicerrector de Organización Académica, Juan José del Coz, y la directora del departamento de Derecho Público, Isabel García-Ovies.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez asegura que no constan indicios “mínimamente esbozados” de los elementos que constituyen un delito de prevaricación administrativa.

La juez comparte la opinión de la Fiscalía de que la jurisdicción Contencioso-Administrativa es a la que le corresponde el control de la legalidad de los actos de la administración sin que proceda “criminalizar actuaciones” ante la jurisdicción penal que, en su opinión, carecen de relevancia penal.

Además, añade que no se ha acreditado una ilegalidad “evidente, patente, flagrante y clamorosa” imputable a los investigados que deba de ser objeto de relevancia penal.

En el auto, la juez incorpora las declaraciones de los querellados y los testigos, donde reconocieron que la plaza en litigio era para sustituir a la defensora universitaria, Paz Andrés, que en septiembre de 2018 era ocupada por B.V.R.

La plaza se convocó el 6 de septiembre de 2018 y el rector dictó una resolución tres semanas después por la que anulaba la convocatoria de concurso interno de profesor sustituto y prorrogaba el contrato anterior a B.V.R. al estar aún Paz Andrés al frente del cargo de defensora universitaria.

El rector había recabado informes, entre otros de los servicios jurídicos de la Universidad de Oviedo, que entendían que la continuación de la convocatoria podría dar lugar a una reclamación en vía judicial de B.V.R.

De esta forma, García Granda alegó ante la juez que dictó la resolución al estimar que no era injusta y que la persona que obtuvo la plaza tenía “todo el derecho” a ocuparla.

B.V.R. explicó en sede judicial que recurrió en alzada porque pensó que esa convocatoria no era conforme a derecho ya que tenía la plaza desde la convocatoria anterior y en su caso esto implicaría el tener que concursar anualmente hasta que la profesora Paz Andrés cesara en su cargo.

El rector, que estuvo asesorado por el abogado Javier Núñez Seoane, siempre mantuvo que su actuación había sido correcta y amparada por los servicios jurídicos.

El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer un recurso de reforma y/o apelación en el plazo de tres días.

 
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