20-11-2019 / 20:00 h EFE

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a C.G.V. a una pena de 12 años y 7 meses de prisión por un delito de homicidio por omisión por la muerte de su pareja, Silvia Hernández, en marzo de 2016 en Gijón.

La sentencia de la Sección Octava, a la que ha tenido acceso Efe, le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 500 metros a la madre, el padre y la abuela de la víctima durante quince años y le impone el pago de indemnizaciones a los familiares por un total de 83.000 euros.

El fallo, que la defensa del acusado tiene intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), se produce después de la repetición del juicio con jurado, que el pasado 8 de noviembre le declaró culpable de un delito de homicidio por omisión.

En el primer juicio, que el TSJA anuló en octubre de 2018 por contradicciones en el veredicto, C.G.V. había sido condenado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente.

Tras la repetición de la vista oral y el nuevo veredicto, el tribunal entiende que "concurren todos los requisitos" para considerar a C.G.V. autor de un delito de homicidio por omisión por no requerir los servicios médicos para la atención de la mujer, que tenía 34 años, tras sufrir lesiones por arma blanca.

El acusado había insistido en que su pareja, con un grado de discapacidad psíquica del 70 %, había sufrido las heridas en un forcejeo al intentar arrebatarle a la mujer un cuchillo y que ninguno de los dos fue consciente de la gravedad de las lesiones, pero que después trató de convencerla para ir al médico.

La mujer sufrió las heridas en torno las 4:00 horas del 13 de marzo de 2016 y, según los forenses, falleció horas después, entre las 19:30 horas de ese mismo día y las 1:30 del día 14.

El tribunal considera que C.G.V. era consciente de los "pinchazos" ocasionados a su pareja, uno de ellos en el abdomen, y a pesar de ello no llamó a los servicios médicos ni después del "forcejeo" ni cuando la mujer "fue empeorando de forma importante", pese que, de haberlo hecho, "normalmente habría evitado el resultado de muerte".

El procesado, continúa el fallo, estaba en condiciones de llamar a los servicios médicos "por sí o a través de terceros y tanto desde su casa como fuera de ella evitando la presencia de Silvia, que según él rechazaba ir al médico".

Para el tribunal, el procesado "tenía la obligación de actuar", porque además de ser su pareja "creó la ocasión de riesgo para la vida de Silvia forcejeando con ella con un cuchillo y causándole los pinchazo de los que finalmente se derivó su muerte".

El abogado defensor, Enrique Lamadrid, ha avanzado su intención de interponer un recurso al entender que su representado no dejó a la mujer morir deliberadamente sino que incurrió "en un error en la valoración de la gravedad e imprudentemente" no llamó a los servicios médicos.

El letrado sostiene que, según los forenses, "la herida no hacía suponer la gravedad, y en todo caso, la víctima tenía sus capacidades volitivas intactas para decidir por sí misma si necesitaba asistencia médica".

 
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