26-11-2019 / 16:11 h EFE

El titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, Antonio Fuentes, ha autorizado este martes la venta del Córdoba CF a Infinity, grupo con capital de un fondo de Baréin, y ha criticado el "tono chusco y pestilente" del recurso de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Infinity es el único grupo que ha presentado una oferta dentro del plazo marcado para tomar la gestión del club andaluz, que milita en el grupo IV de Segunda B, y el juez señala en un auto, al que ha tenido acceso EFE, que la operación sólo puede tener un problema en "la postura que adopte la Real Federación Española de Fútbol".

El auto del juez de lo Mercantil subraya que "cualquier solución que pueda arbitrarse para tratar de salvar al equipo pasa por una sencilla premisa: dinero"; y añade que sin él "encima de la mesa no hay club, no hay equipo, no hay competición, no hay posibilidad de cobrar para nadie y no hay nada".

En su resolución, el juez alude al caso del Reus y dice que le "extraña" que "haya quienes no se den cuenta de la situación" y de que el Córdoba vaya a "acabar en el mismo lugar" porque no hay fondos para hacer frente a los pagos de las nóminas y los futbolistas "se marcharán" en diciembre "si no hay una inyección económica muy cuantiosa" y "de inmediato".

El magistrado adjudica la unidad productiva sin contestar aún a los recursos interpuestos contra su decisión por la RFEF y por Azaveco, grupo del anterior presidente, Carlos González.

El juez considera que el único que se hace con "educación" es el de Azaveco, pero carga durísimamente contra el escrito de la RFEF porque "hace gala de un lenguaje chusco y pestilente en sus formas" por, entre otros motivos, acusar a la administración concursal y al propio juzgado "de prácticamente haber montado una operación de engaño" y contener argumentos que son “disparates”.

La RFEF, a través de su departamento jurídico, mostró su oposición al proceso al entender que el orden competitivo del fútbol español se puede ver “gravemente perjudicado por el procedimiento concursal del Córdoba", ya que “provoca un gravísimo quebranto de la normativa deportiva de aplicación”.

La Federación indica que las plazas en la competición son propiedad del organismo que la organiza y no de un "usuario" como el Córdoba, que debe cumplir "una serie de requisitos (deportivos, económicos, administrativos, de infraestructuras, etc)”.

Para la RFEF, la maniobra jurídica en el Córdoba “es un fraude, un manifiesto engaño que genera desconfianza de los competidores", ya que éstos "ven cómo mediante operaciones mercantiles es más fácil prosperar deportivamente que mediante el esfuerzo en el terreno de juego”.

Al juez Antonio Fuentes le resulta "extraña" la "beligerancia" de la RFEF y su "afán por oponerse a una operación más que impoluta desde el punto de vista técnico-jurídico", y llama la atención sobre la postura "laxa y comprensiva" con los "problemas de otros clubes".

El magistrado recuerda "el sonado caso Celta-Sevilla, donde la RFEF llegó a forzar una competición de 22 equipos para evitar una sanción deportiva a dichos clubes".

 
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