03-12-2019 / 20:00 h EFE

La comisión paritaria formada por técnicos del Ayuntamiento de Benidorm y el representante de la empresa que gestiona la estación de autobuses de la ciudad, en manos del empresario Enrique Ortiz, está a la espera del resultado de un informe jurídico que determine los pasos a seguir en la futura licitación de la infraestructura.

Esta comisión paritaria se creó hace más de un año para desbloquear la falta de acuerdo entre las partes y poder ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que en 2012 anuló la adjudicación que recayó en Ortiz a causa de las irregularidades en la construcción. Entre ellas, un exceso de volumetría en el hotel anexo y un incremento de la superficie comercial.

Un año después, y tras varias reuniones de la comisión, según reconocen fuentes municipales, se ha avanzado “poco”.

En 2017, el empresario anunció su intención de abandonar la vía pacífica y acudir a la justicia debido a que, cinco años después de la sentencia, todavía no se había llegado a un acuerdo para valorar la infraestructura.

Esa opción abría la posibilidad de que el consistorio pudiera ser condenado y que los perjuicios fueran aún mayores, de ahí que se acordase la creación de la comisión paritaria para desencallar el asunto.

Desde la Concejalía de Urbanismo han indicado a Efe que el informe jurídico encargado por las dos partes les "debe decir las decisiones" que han de tomar, aunque no han podido precisar cuándo estará elaborado.

De momento, no hay acuerdo, ni siquiera en cuanto al precio que debería abonar la corporación municipal al adjudicatario por la construcción de la instalación.

No obstante, ello podría despejarse si se aplica finalmente el valor de la estación que aprobó el pleno, alrededor de 24 millones, cuyo acuerdo no fue recurrido por Ortiz. A esa cantidad se le restarían los dos años transcurridos desde entonces en concepto de amortización.

El siguiente escollo será determinar la fórmula para la licitación y posterior adjudicación, puesto que aún no se sabe si tendrá que hacerse en un único lote o en varios. Esa es la principal incógnita que debe despejar el informe jurídico para seguir adelante.

La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha aclarado que, “a nivel político, no se tomará ningún acuerdo hasta que no finalice el trabajo de los técnicos”.

Una vez se tenga el informe se llevará a una Junta de Portavoces y después será elevado al pleno.

 
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