10-12-2019 / 18:21 h EFE

Nueve delegados sindicales de ANPE y UGT han llevado a cabo un encierro este martes en las dependencias de la Consejería de Educación para exigir la inclusión en los presupuestos del Principado de 2020 una partida para acometer el segundo plan de evaluación y evitar así que los docentes sean discriminados frente a otros funcionarios públicos.

Según ha señalado un portavoz de la Consejería, poco después de las 14:00 horas, tras unas tres horas de protesta, los sindicalistas han abandonado las dependencias administrativas.

Ambos sindicatos han denunciado la educación pública asturiana es sólo una prioridad en los discursos políticos y han calificado de “inaceptable” el anteproyecto de ley que, en su opinión, impide el desarrollo de su carrera profesional.

ANPE y UGT firmaron en noviembre de 2009 el acuerdo que puso en marcha el Plan de Evaluación docente, que establece el compromiso del Principado a que la evaluación de la función docente siga un recorrido paralelo, en plazos y cuantías económicas, al previsto para la carrera profesional del personal funcionario y laboral, hasta la plena implantación de la de los funcionarios docentes.

Los planes de evaluación de la función docente se concibieron como parámetros de funcionamiento y medición del sistema educativo asturiano a través del reconocimiento y la evaluación de la función que desarrolla el personal docente.

Además, han recordado que el pasado 8 de noviembre el Principado anunció una partida presupuestaria de 6 millones de euros en 2020 para el segundo tramo del Plan de Evaluación, que pondría fin a la discriminación con el personal docente.

Así, aseguran no entender que el pasado 3 de diciembre la directora general de Función Pública, Margarita Vega, anunciara “sorpresivamente” que este segundo Plan de Evaluación no estaba contemplado en los Presupuestos del Principado para 2020, “haciendo oídos sordos” a sus reclamaciones.

El corto encierro ha provocado las críticas de SUATEA, que ha acusado a ANPE y UGTde buscar solo la "propaganda mediática" para apropiarse de una reivindicación que es compartida por todos los sindicatos de educación, aunque por mecanismos diferentes ya que mientras el primero persigue la homologación salarial mediante el pago de un complemento específico autonómico, los segundos quieren hacerlo mediante la evaluación docente.

Para Suatea, hacerlo como persiguen esas dos centrales es "perverso" ya que discrimina a parte del profesora y lo estratifica económicamente aún mas, mientras que con el complemento autonómico se produciría una subida lineal para todos los docentes y equipararlos así como lo que cobran en el resto del país.

 
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