12-12-2019 / 16:10 h EFE

La Inspección General de Servicios de la Junta ha determinado en las conclusiones de su informe que se debería revisar la participación de los sindicatos y resto de agentes sociales en la redacción de las bases reguladoras de las ayudas concedidas por la Administración, algo que la Junta aplicará a partir de ahora.

De las conclusiones de este informe ha dado cuenta este jueves en la rueda posterior a la celebración del Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien ha informado también de que esta misma tarde el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, trasladará a los sindicatos estas conclusiones.

En concreto, esta investigación tenía por objeto analizar las subvenciones de los programas de formación de desempleados y de orientación, formación e inserción profesional gestionadas por el Servicio Público de Empleo (ECyL), en un asunto que también está en manos de la justicia a raíz de una denuncia presentada por una asociación y que la Junta se comprometió a indagar por si hubiera acontecido algún tipo de irregularidad.

En este sentido, Igea ha expresado que el informe pone de manifiesto que hay prácticas "muy mejorables" en la Administración ya que, "no es razonable" que quienes han participado en la elaboración de las bases concurran luego a las ayudas.

No obstante, Igea ha subrayado en varias ocasiones que el Ejecutivo autonómico no está para "señalar ni buscar culpables", sino para "colaborar con la justicia". "No vamos a cortar cabezas", ha expresado Igea, quien ha recordado que lo que "realmente estaban mal eran las normas, no quien las aplicaba".

En sus conclusiones, la Inspección General de Servicios ha indicado que se deberían revisar las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional, desde el punto de vista del cumplimiento del principio de libre competencia a fin de que no se produzcan "prácticas anticompetitivas".

En este sentido, el informe ha recordado que el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León es el órgano colegiado que, con plena independencia y autonomía jerárquica y funcional, se encarga de velar por la defensa de la competencia.

A pesar de que la Junta se ha comprometido a asumir y a adoptar las medidas necesarias para corregir lo que el informe de inspección plantea, Igea ha desligado estas conclusiones de los acuerdos del diálogo social, que "no establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas", que son unas competencias "solo atribuidas a la Administración".

LAS CUANTIAS DE LAS SUBVENCIONES

Según han informado a Efe fuentes de la Consejería de Empleo, las subvenciones a las que se refiere el informe de la Inspección General de Servicios, correspondientes a los ejercicios de 2018 y 2019, son dos: las de Formación Orientada a Desempleados (FOD) -63 millones de euros- y las ayudas de los programas de Orientación, Formación e Inserción (OFI) -22 millones-.

De este montante, la cuantía que finalmente fue a parar a sindicatos y resto de agentes económicos y sociales fue de 7,36 millones de euros: 6,04 millones en el caso del FOD y de 1,32 millones en el OFI.

 
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