16-12-2019 / 13:31 h EFE

La Xunta de Galicia y el comité de empresa de Alcoa han certificado este lunes la situación de "emergencia" de la planta que la multinacional norteamericana tiene en San Cibrao (Lugo) por lo que han instado al Gobierno a tomar cuanto antes las decisiones oportunas que permitan su continuidad y evitar el cierre total o parcial.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en el comité de empresa de la fábrica, José Antonio Zan, han sido los encargados ante los medios de verbalizar los "incumplimientos" del Gobierno, al que han coincidido en acusar de carecer de política industrial y energética y de abocar al cierre a todas las empresas electrointensivas en España.

Representantes de la Xunta y de los trabajadores se han reunido durante casi dos horas en la sede central administrativa del Ejecutivo autonómico, en la que han constatado que la subasta de interrumpibilidad en marcha es "insuficiente" e incumple el "compromiso" del Gobierno de que fuese similar a la anterior, que llegó a los 2.400.

La interrumpibilidad es un mecanismo por el que el Gobierno paga una cantidad a las empresas para que se desconecten de la red principal en caso de demanda del sistema y las diferentes compañías interesadas acuden a una subasta para poder participar, lo que rebaja sensiblemente el precio de su consumo energético, del megavatio/hora.

El presidente del comité de empresa ha calificado la reunión con la Xunta como "buena" y ha dicho que ambas partes van "en la misma dirección" y saben "en dónde está el problema", que no es otro que el Gobierno "está acabando con todas las empresas electrointensivas del país".

"El gran problema que tenemos es que los marcos normativos que había; el de la subasta de interrumpibilidad, han quedado en nada, ha dejado a los pies de los leones a todas las empresas electrointensivas", ha dicho Zan, representante de los trabajadores.

En su intervención, además, ha advertido de "una reacción en cadena" que obligará a cierres en todas las empresas electrointensivas del país por la "salvajada" que ha cometido el Gobierno con la actual subasta, que se desarrolla esta semana y que "acabará, seguramente, muy mal".

Ha explicado que se podría ampliar la subasta en marcha, de 1.000 megavatios a 2.400, "como prometió la ministra", y también ofrecer otros bloques, ya que los actuales de 40 y de 5 megavatios permiten participar a empresas que "no son electrointensivas, como cementeras" y que supone "una salvajada", ha insistido.

Entre otras medidas para paliar esta situación, tanto los trabajadores como la Xunta han insistido en que el Gobierno adopte las medidas precisas para devolver el precio del megavatio/hora al entorno de los 35 euros y no por encima de los 50 euros de la actualidad.

 
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