16-12-2019 / 14:10 h EFE

Expertos que forman un subcomité de la ONU dedicado a la prevención de la tortura dijo hoy que el Gobierno de Brasil debería revocar la disposición legal dictada a mediados de este año y que hace imposible el funcionamiento de su Mecanismo Nacional para la Prevención y Combate de la Tortura (MNPCT).

Bajo la forma de un decreto presidencial emitido el pasado 10 de junio, el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro modificó por completo el sistema existente en su país para la prevención de la tortura, cuyo pilar es el MNPCT, a cuyos once integrantes se dejó sin salario y sin apoyo administrativo para cumplir con su trabajo.

"El decreto presidencial ha debilitado severamente la política de prevención de la tortura en Brasil haciendo difícil que el MNPCT opere", ha concluido el subcomité de la ONU para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en una opinión legal que ha hecho pública hoy.

El organismo brasileño fue creado en 2013, durante el Gobierno de Dilma Rousseff, y empezó a funcionar en 2015, y fueron sus propios miembros los que acudieron al subcomité de la ONU para que se pronunciará sobre la medida de Bolsonaro en su contra.

Además de establecer que los expertos legales del MNPCT dejarían de ser remunerados para trabajar de forma voluntaria, el decreto señalaba que solo tendrían acceso como "usuarios externos" al sistema electrónico que solían manejar, que ya no tendrían oficinas asignadas y que el personal que les prestaba asistencia sería "redistribuido" a otras áreas del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos que le albergaba.

Para el subcomité de la ONU está claro que únicamente revocando el decreto se podrá garantizar que el sistema de prevención de la tortura en Brasil funcione de forma adecuada e independiente, y con estructura y finanzas autónomas.

El MNPCT fue creado en el Gobierno de Rousseff para que el país pueda cumplir con un protocolo adicional a la Convención Internacional contra la Tortura, en la medida en que los Estados que lo han suscrito -Brasil entre ellos- deben contar con un sistema de visitas regulares a los lugares de detención por parte de entidades nacionales e internacionales.

Ello con el fin de prevenir la tortura y otros maltratos en esos recintos.

 
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