El Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco ha publicado el último número de Ekonomiaz en el que se recogen diferentes puntos de vista sobre el fenómeno de la longevidad y el envejecimiento, y las "incertidumbres" que abre sobre el sistema de pensiones o el sanitario.
Este número monográfico, "Envejecimiento y cambios demográficos", ha sido presentado este miércoles en Vitoria por su coordinador, José Antonio Herce, quien ha destacado la "extraordinaria relevancia, con toda clase de implicaciones", que tiene este envejecimiento.
A su juicio, esta longevidad "va a permear todo", desde el ciclo vida de cada individuo y su planificación hasta los grandes programas de bienestar, como las pensiones, la sanidad, la dependencia y la lucha contra la desigualdad.
En este trabajo participan con sus artículos una veintena de expertos en sociología, demografía, economía y derecho, entre otras disciplinas.
En él se trata el futuro del sistema de pensiones. La profesora de la Universidad de Barcelona Mercedes Ayuso explica que los sistemas de pensiones, tanto públicos como privados, "no saben a lo que se enfrentan" a día de hoy.
A su juicio, resulta "inconcebible" pensar en un sistema de pensiones que no tenga en cuenta el tiempo en el que van a tener que pagarse las prestaciones de forma vitalicia, sobre todo si ese periodo no hace sino aumentar.
Por otro lado, los profesores de la Universidad de Murcia José María Abellán y Jorge Eduardo Martínez presentan un análisis del impacto del envejecimiento en el gasto sanitario futuro en el que concluyen que resulta precipitado asegurar que las tendencias demográficas en España van a aumentar necesariamente el gasto sanitario haciéndolo insostenible.
Elisa Chulía, de la Universidad Complutense de Madrid, plantea un debate sobre cómo gestionar la edad de jubilación y, tras recordar que los 65 años se establecieron como edad de retiro por vejez hace un siglo, apunta que esa edad tiene muy poco que ver hoy con la de hace cien años.
Para esta profesora, la cuestión fundamental no es si el Estado puede satisfacer el pago de las prestaciones y servicios que demanda la población definitivamente "deslaboralizada", sino si lo puede hacer sin perjuicio del bienestar del resto de los ciudadanos.
"Contener el crecimiento de ese colectivo sin desproteger a quienes lo forman exige asumir la necesidad de cambiar la gestión social del tiempo de vida, prolongando la duración de la fase productiva y elevando, en consecuencia, la edad efectiva de salida del mercado de trabajo", mantiene.
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