La Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, ante noticias que confirman la adjudicación del servicio de ambulancias a una empresa privada, ha anunciado este viernes el inicio de acciones legales para "frenar la privatización de un servicio esencial para todos los canarios".
En un comunicado, el portavoz del sector, Iván Amador, apunta a que se trata de un “acto de irresponsabilidad” la decisión de continuar con una licitación heredada que solo va a generar inestabilidad dentro del sector.
“En todo este proceso negociador hemos mantenido una postura de diálogo y todo apuntaba a un compromiso real por parte de la Consejería de Sanidad, de cara a un cambio de modelo de gestión". agrega.
Especifica que entre algunos de los puntos claves reivindicados por la central sindical destacan la incorporación del servicio al sistema sanitario y el reconocimiento de la figura del Técnico en Emergencias Sanitarias, con el objetivo de eliminar la contratación del personal como conductores y camilleros.
“Para nosotros este último punto es clave, ya que los trabajadores necesitan este reconocimiento dado el desempeño de sus funciones”, comenta.
Asimismo, desde esta federación no se “entiende” la "inmovilidad" por la que ha optado Comisiones Obreras, siendo "cómplice de un proceso" que, para esta fuerza sindical, "está viciado desde su inicio".
Iván Amador cree que la postura que mantenida por CCOO a lo largo del proceso negociador es "inadmisible".
“Estamos asistiendo a un juego de intereses con el que no podemos estar de acuerdo. Casualmente la empresa Tasisa, la más aplaudida ahora por CCOO y donde mantiene su mayoría, ha sido la que más zonas a cubrir se le ha adjudicado a pesar de registrar los mayores incumplimientos del Convenio en este concurso”, explica.
UGT recalca su compromiso de seguir peleando para acabar con la precariedad instalada en el sector del transporte sanitario.
“No vamos a permitir que esto siga siendo el parque de atracciones de CCOO. Estamos comprometidos con la plantilla y lo vamos a llevar a los juzgados porque es un servicio público esencial, porque se presta ahora mismo de forma precaria y porque es necesario mejorar las condiciones para sus trabajadores,” puntualiza Amador.
Por ello, la Fesp-UGT solicita al resto de sindicatos que se sumen y muestren su compromiso para defender la gestión directa como la vía más rentable, de mejor calidad prestataria y de garantías para una paz social en el sector.
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