30-12-2019 / 13:22 h EFE

La asociación soriana Recuerdo y Dignidad ha anunciado este lunes que recurrirá el auto del archivo de la causa abierta por las desapariciones forzadas de cuatro civiles sorianos represaliados en 1936, en la Guerra Civil, en La Riba de Escalote (Soria), de menos de diez vecinos.

El presidente de esta asociación, Iván Aparcio, ha reconocido este lunes en declaraciones a Efe que el archivo de la causa "acaba abruptamente con las aspiraciones de justicia para las víctimas y sus familias".

En su opinión, la llegada de un nuevo juez al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán ha traído, para la causa de los cuatro desaparecidos, un final que "contradice la línea mantenida por el juez que venía ejerciendo las funciones durante los últimos meses".

"El brusco cierre supone una especie de enmienda a su labor en el caso. El precipitado sobreseimiento de la causa ha sentado como un jarro de agua fría a los familiares de las víctimas y a los integrantes de la Asociación Recuerdo y Dignidad", ha reconocido.

Aparicio ha asegurado que, aunque no esperaban grandes resultados en materia de derechos humanos, sí que estaban "satisfechos" por la apertura de la causa y, especialmente, por las diligencias ordenadas por el juez de cara a la identificación de las víctimas.

A este respecto queda, a su juicio, la incertidumbre sobre los trámites derivados de los oficios ordenados por el juez anterior como los expedientes de auxilio judicial nacional para la toma de muestras biológicas a familiares de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca y la respuesta que solicitaba el Juzgado de Lleida sobre dónde enviar las muestras.

"El archivo deja en el limbo las pruebas biológicas ya ordenadas que tenían como objeto nada menos que poder determinar si los restos hallados tras la exhumación se corresponden con las personas cuya desaparición se denunció", ha explicado.

La asociación soriana será ahora la que deba gestionar las pruebas genéticas y asumir los gastos que ello supone y que ascienden a 2.000 euros, en un laboratorio privado si las pruebas son positivas.

 
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