08-01-2020 / 12:30 h EFE

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barbastro ha admitido a trámite el conflicto de jurisdicción planteado por la Generalitat de Cataluña, medida que conlleva la suspensión de la ejecución de la sentencia que dictó en diciembre para ordenar la inmediata devolución de los 111 bienes de las parroquias aragonesas.

En su auto, el magistrado admite el requerimiento de inhibición que le fue planteado por la consejera de Cultura de la Generalidad, Mariàngela Vilallonga tras hacerse pública la sentencia y suspende la tramitación del procedimiento judicial hasta la resolución del asunto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.

El juez ordena, además, dar traslado a las distintas partes personadas en el caso, fiscalía, demandantes y demandados, para que en un plazo de diez presenten alegaciones a favor o en contra de la medida acordada.

Según el letrado Jorge Español, asesor del equipo jurídico del Obispado de Barbastro-Monzón, la admisión a trámite del conflicto de jurisdicción podría retrasar la ejecución de la sentencia hasta un plazo de nueve a diez meses, aunque se ha mostrado confiado en que el alto tribunal desestime la petición de la Generalitat.

A este respecto, recuerda, en un comunicado, que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ya rechazó un recurso similar de la Generalitat contra el juzgado de Huesca que ordenó la devolución a Aragón de 44 piezas del patrimonio histórico-artístico del Monasterio de Sijena.

Entonces, el Gobierno catalán alegó que las competencias para resolver el litigio eran suyas al estar incorporadas las piezas a su patrimonio y que, en cualquier caso, debería dirimirse por un tribunal administrativo de su comunidad.

En su sentencia, la sala de conflictos jurisdiccionales del Supremo, a la vista de sentencias anteriores del propio alto tribunal que determinaba que las piezas reclamadas formaban parte del patrimonio aragonés, resolvió entonces que la competencia era del juzgado oscense y no de la Generalitat.

La sentencia dictada el pasado mes de diciembre por el magistrado de Barbastro fundamenta su decisión de estimar la demanda de la Diócesis de Barbastro en la ausencia de títulos que acrediten la propiedad de las piezas por parte del obispado leridano.

El juez señala que desde Lérida no se aportaron durante el proceso los concretos títulos de compraventa, permuta o donación que le otorgaría su propiedad, y descarta que el obispo Messegué, a finales del siglo XIX, tuviera la intención de adquirirlos cuando se los llevó de las parroquias para fundar un museo.

Tras hacerse pública la sentencia, el equipo jurídico de la diócesis altoaragonesa anunció en rueda de prensa su decisión de solicitar la ejecución provisional de la resolución, aunque advirtió acerca de la posibilidad de que desde la parte catalana se plantearan "obstáculos" diversos a fin de dificultar y retrasar la devolución de los bienes.

 
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