08-01-2020 / 15:21 h EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cinco años de prisión a Pedro S.P. y a Sandra M. por un delito de trata de personas con fines de explotación sexual por trasladar a España para prostituirse a mujeres nigerianas entre 2015 y 2016, una de las cuales se vio obligada a abortar.

En la sentencia, la Sección Tercera del citado órgano judicial les absuelve de los delitos de inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal y aborto.

Una de las mujeres logró escapar tras quedar embarazada como consecuencia de los servicios sexuales prestados y se vio obligada a abortar por presión de la acusada y para esta víctima el tribunal ha establecido que debe ser indemnizada en 60.000 euros por los procesados.

Los hechos juzgados se remontan a mayo de 2015, cuando la acusada, nacida también en Nigeria, propuso el viaje a su hermana, una de las víctimas, que sufría malos tratos de su pareja en Benin, la ciudad nigeriana donde residía.

Sandra puso a su hermana en contacto con una persona que a mediados de ese año le facilitó un pasaporte con el que poder emprender el viaje, que tuvo en Oujd (Marruecos) la primera parada.

Después llegó a la ciudad costera de Nador y desde allí se trasladó en patera, el 7 de diciembre de 2015, a Motril (Granada), donde se le asignó una plaza en un centro de internamiento de Madrid.

En colaboración con el otro acusado realizaron hasta siete pagos por una cantidad total de casi 3.000 euros entre los meses de mayo y noviembre con el objetivo de conseguir la ayuda de marroquíes que evitaran a la mujer pasar por controles fronterizos.

Según la sentencia, el propósito de los procesados era obtener dinero mediante la explotación de la víctima, que solo buscaba una vida mejor en otro país.

Ya fuera del centro de extranjeros, Sandra y Pedro reclamaron el asilo de la mujer para conseguir protección e impedir su expulsión. A cambio, exigieron a la víctima que les entregara los beneficios del trabajo.

Al mismo tiempo, de acuerdo con el relato de hechos probados, la acusada indicó a su hermana los lugares donde tenía que ejercer la prostitución, iniciada en el polígono Marconi del distrito madrileño de Villaverde.

Los acusados alquilaron además, desde el 28 de septiembre de 2015, una vivienda donde pudiera vivir junto a Sandra y el resto de mujeres que tenían previsto traer siguiendo el mismo proceso.

Así ocurrió en junio de 2016. Sandra contactó con otra hermana, a su vez afincada en Benin City y aquejada de problemas económicos. Para el viaje contó con la compañía de otra víctima, quien creía que en Europa disfrutaría de estudios y un trabajo estable.

Fue sometida esta última, a petición de la acusada, a un ritual de vudú, haciéndole creer que de no llevarlo a cabo se volvería loca. Tuvo asimismo que jurar silencio y sumisión: se comprometió a devolver la deuda del viaje y a no escapar ni denunciar su situación.

Desde Tamanrasset (Argelia), con pasaportes y secundados por el hombre que ayudó a la primera víctima, siguieron en ruta hasta Trípoli, la capital de Libia, lugar de salida de una patera que las condujo a Italia.

El grupo llegó a Madrid en septiembre de 2016, previo paso por Milán y París, instalándose en la casa alquilada por Pedro, mientras que Sandra les imponía largas jornadas de trabajo a fin de poder reintegrarle los gastos del traslado desde Nigeria.

 
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