09-01-2020 / 15:39 h EFE

El juzgado de instrucción de Murcia que acordó abrir diligencias contra el expresidente de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo Ramón Luis Valcárcel por el caso de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) ha declarado compleja la causa, lo que amplía el plazo de investigación a 18 meses.

La resolución que acuerda lo solicitado por la fiscalía ha sido adoptada dada la abundante documentación que debe estudiarse y los numerosos hechos presuntamente punibles, lo que permite presumir, dice el juzgado, que resultaría imposible poder cerrar la investigación en los seis meses previstos por la ley si no se declarara la causa como compleja.

El juzgado ha desestimado la petición de la acusación popular, que reclamó que Valcárcel fuera investigado también por un delito contra el medio ambiente y otro de asociación ilícita.

Al hacerlo, explica que no procede atenderla porque esa acusación de incorporó a las actuaciones adhiriéndose a la denuncia del fiscal y por los delitos recogidos en esta.

Estas diligencias fueron abiertas a instancias del fiscal, que en su denuncia, presentada el pasado julio, solicitaba que se investigara a Valcárcel por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

El ministerio público sostiene que como máximo mandatario regional el denunciado no podía ser ajeno a las actuaciones llevadas a cabo para la construcción y explotación de la desalinizadora, obra que produjo según la fiscalía un perjuicio millonario para las arcas públicas autonómicas al asumir el Gobierno murciano el proyecto surgido de la iniciativa privada.

Esas presuntas actuaciones delictivas son objeto de investigación en otra causa que se tramita en otro juzgado de instrucción de Murcia y en la que ya han declarado como investigado quien durante la presidencia de Valcárcel era su consejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, entre otros.

Se pretende aclarar si su Gobierno creó el Ente Público del Agua (EPA) para sortear las leyes nacionales de Aguas y de Contratos del Sector Público.

El proyecto fue puesto en marcha por la empresa murciana Hidromanagement y la investigación principal quiere esclarecer si el Gobierno había decidido previamente asumirlo y adjudicarlo sin publicidad a empresas del Grupo ACS en 2006.

Una de las cláusulas del contrato con ACS estipulaba que el Gobierno abonaría el importe total de la construcción, alquiler y explotación de la planta por 25 años en caso de resolución anticipada del acuerdo, con lo que la cifra total ascendería a casi 600 millones de euros.

Según la fiscalía, el objetivo sería burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de ese recurso con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por la escasez estructural de ese recurso en la cuenca.

El EPA fue el encargado de emitir los informes favorables a 26 proyectos urbanísticos que pretendían construir en hasta en 180 millones de metros cuadrados de suelo.

Todos estos extremos se incluyen también en las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación cerrada en 2017 en la Asamblea Regional de Murcia, donde la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) consideró a Cerdá y a Valcárcel "líderes" de una "trama" urdida para sortear la Ley de Aguas y permitir el "pelotazo" urbanístico.

 
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