12-01-2020 / 15:10 h EFE

El presidente de CEOE-CEPYME en Cantabria, Enrique Conde, ha advertido este domingo de que la comunidad autónoma se verá "perjudicada económicamente" por el peso que tendrán catalanes y vascos en las decisiones que tome el nuevo Gobierno y ha llamado al Ejecutivo regional a "ponerse las pilas".

Conde ha dicho, en una entrevista con RNE, recogida por Efe, que no tiene dudas de que el "peso específico" que tienen "nuevamente" de Cataluña y el País Vasco va a perjudicar a una comunidad como Cantabria, que debe seguir compitiendo con las regiones vecinas y "cualquier parón es negativo".

"El Gobierno de Cantabria tiene que estar muy encima para que esto no suceda. Cantabria es una región que no es de las primeras a nivel económico en este país y se tiene que poner las pilas. Tenemos unas regiones al lado con las que hay que competir y hay que ser ágiles y rápidos", ha dicho.

El presidente de la patronal, que considera que el nuevo Gobierno "se tenía que formar sí o sí", ha destacado que es "importante" que haya estabilidad, tanto en España como en Cantabria tras "ese amago que ha habido en el Gobierno regional".

Conde ha incidido en que lo que le pide el mundo empresarial al nuevo gobierno de Pedro Sánchez es que "sea moderado en sus decisiones", y sobre todo, que se apoye en el diálogo social.

Así, ha reclamado que "las decisiones que se tomen no sean unilaterales, sobre todo, porque todos queremos que este país y esta región tiren para adelante", antes de apuntar que los intereses de los ciudadanos, de los empresarios y de los políticos son, al fin y al cabo, los mismos.

Según el presidente de CEOE, el sector empresarial está "bastante molesto" por que no se vaya a contar con él para hablar de la reforma laboral, que "a lo mejor hay que derogar como dice el Gobierno pero habrá que hablarlo, ver qué aspectos tiene buenos y qué aspectos malos"

Y lo mismo ocurre con la subida del salario mínimo, que, en su opinión, va suponer, entre otras consecuencias, que quienes "peor lo van a pasar va a ser el propio trabajador y los autónomos", que, si tenían la posibilidad de hacer contrataciones, en su mayoría van a optar por no hacerlas.

La organización empresarial y los sindicatos están llamados de nuevo esta semana a sentarse con el Gobierno regional en el marco del diálogo social, una reunión, ha apuntado, en la que se hablará sobre la situación que atraviesa la industria de Cantabria tras los ERTES planteados por grandes empresas que, ha subrayado, también repercuten en las empresas auxiliares, con el impacto en el empleo que eso supone.

"El panorama no es halagüeño y hay que tomar medidas a nivel nacional y local", ha dicho.

Conde ha señalado que el Gobierno de España tiene que tomar medidas ante el lastre que supone respecto a otros países el modelo energético para la industria electrointensiva pero "también los gobiernos regionales tienen que insistir en ese tema".

Y cree que hay otros aspectos relacionados con la competitividad que se pueden abordar desde Cantabria. Se ha referido en ese contexto a los 90 millones que ha destinado la UE a España para ayudas a la descarbonización, de los que han llegado "cero" a la región.

A su juicio, evitarlo es un trabajo que tenía que haber venido de lejos, dedicando funcionarios a temas estratégicos para la región como este.

Para Conde, de las mesas de diálogo social tienen que salir no solo temas a largo plazo, sino también a corto, para impulsar la economía, como por ejemplo el silencio positivo en vez de negativo y la declaración responsable de la administración, que cree que serían "el gran dinamizador de esta región".

Ha pedido también un "mayor proteccionismo" de las empresas de la región, de sus ciudadanos y de la propia Cantabria como se hace en otras comunidades.

Como ejemplo ha citado la ley de contratación pública, que se lleva "a rajatabla" y con la que "no hay manera" de que las empresas de la región hagan obra pública en las comunidades vecinas, mientras que a Cantabria vienen de otras autonomías a hacerlas, a veces "con bajas desmedidas", las restricciones al uso de ciertos productos en la legislación ambiental o la fiscalidad, diferente en comunidades como el País Vasco, donde se va a aplicar, ha advertido, el mismo salario mínimo.

 
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