Las actuaciones de la Inspección de Trabajo en Cantabria durante 2019 lograron aflorar 11,3 millones en fraudes y sanciones y permitieron regularizar la situación laboral de 3.695 trabajadores de la comunidad autónoma.
Son las grandes cifras del balance que han dado a conocer, en rueda de prensa, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez.
Los datos han sido presentados este lunes a los agentes sociales en la reunión anual entre las administraciones autonómica y estatal, ambas con competencias en esta materia.
De los 11,3 millones que han aflorado el año pasado, 7,3 corresponden a liquidaciones a la Seguridad Social y 4 millones a sanciones a empresas.
La consejera ha calificado de "satisfactorio" el balance de 2019 y ha subrayado que demuestra el valor de la Inspección de Trabajo "como mecanismo fundamental para luchar contra la precariedad laboral y el fraude".
Cantabria tiene competencias en prevención de riesgos laborales y empleo y relaciones laborales, y la administración estatal en seguridad social y economía irregular y extranjería.
En 2019 se impusieron algo más de dos millones de euros en sanciones a empresas de Cantabria por 575 infracciones de la normativa de seguridad social, que afectaron a 3.051 trabajadores.
La primera causa fue la falta de alta de trabajadores por cuenta ajena, con un 35 por ciento de los casos, seguidas por las altas fuera de plazo (17 %) y la percepción irregular de prestaciones por desempleo (16 %).
El número de trabajadores afectados aumentó un 86 por ciento respecto al año anterior y también creció la cuantía de las sanciones, un 28 %.
La falta de autorización para trabajar en España fue la primera causa de las infracciones en materia de economía irregular y extranjería.
Se detectaron 60 infracciones que afectaron a 88 trabajadores y se impusieron sanciones por casi medio millón de euros.
En materia de empleo y relaciones laborales, competencia de la comunidad autónoma, se hicieron 1.700 actuaciones en 26 campañas y se efectuaron 391 requerimientos a empresas, cerca del 40 por ciento en materia de contratación.
Entre otros resultados, con esos requerimientos se consiguió transformar en indefinidos 556 contratos que se encontraban en situación irregular.
Se impusieron sanciones por algo más de 300.000 euros y las principales causas de los incumplimientos en este ámbito fueron el tiempo de trabajo, seguidos por la contratación, los salarios y los incumplimientos en los derechos de los representantes legales de los trabajadores.
Las sanciones por incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, que también dependen de Cantabria, sumaron 1,2 millones de euros y se llegó a paralizar dos actividades por riesgo grave e inminente en máquinas y equipos de trabajo.
Se efectuaron 4.600 actuaciones repartidas en 29 campañas. Las más numerosas- 1.149.- fueron las inspecciones para comprobar las condiciones de seguridad en el trabajo, otras 708 fueron para evaluar riesgos, 417 estuvieron relacionadas con la formación y 364, con la vigilancia de la salud.
En total se extendieron 1.181 requerimientos a empresas, de los que el 28 % tuvieron que ver con una insuficiente evaluación de riesgos y planificación preventiva.
Otras causas de los incumplimientos detectados están relacionados con la vigilancia de la salud de los trabajadores y las irregularidades en máquinas y equipos.
Según la consejera, los datos de 2019 ponen de manifiesto el "fuerte impacto" que ha tenido la implantación del cuerpo de subinspectores laborales en Cantabria, donde se incorporaron tres el pasado mes de junio.
Ese refuerzo se ha traducido en aumento del 2 % en el número de infracciones detectadas, de los importes en un 50 %, del 21 en los trabajadores afectados y del 55 % en los requerimientos.
Ambas administraciones han acordado llevar a cabo 97 campañas de inspección de trabajo en 2020.
En materia laboral se actuará preferentemente en el control de tiempo de jornada, una vez que ha entrado en vigor la nueva normativa y en la lucha contra la economía irregular, se prestará especial atención a la situación de los becarios y al sector de las plataformas y el comercio electrónico.
Una de las campañas previstas en riesgos estará enfocada al control de riesgos en peluquerías y establecimientos de manicura y también se incidirá en la investigación de accidentes leves.
Los ejes básicos de actuación en materia de Seguridad Social serán la contra el fraude, el empleo irregular y las empresas ficticias.
Está previsto que este año se incorporé un nuevo subinspector en Cantabria.
En cuanto a los inspectores, el director territorial ha señalado que tendría que haber trece en la comunidad autónoma pero faltan tres.
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