La lucha contra el despoblamiento es el gran reto de la agenda europea para 2020 de Cantabria, que, según ha avanzado la consejera de Acción Exterior, Paula Fernández, se ha marcado como objetivo formar parte de la comisión que abordará este desafío en el nuevo Comité de las Regiones.
Fernández, que ha hecho balance en rueda de prensa de la actividad de la oficina de Cantabria en Bruselas en 2019, ha recordado que el Comité de las Regiones inicia un nuevo mandato de cinco años y el próximo mes de febrero celebrará su sesión constitutiva.
La consejera de Presidencia ha explicado que Cantabria aspira a entrar en las comisiones de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) y Política Social, Educación, Empleo y Cultura (SEDEC).
Formar parte de esta última comisión es el "mayor objetivo" de la región porque es la que abordará el despoblamiento entre otras políticas, aunque, según ha advertido Fernández, la negociación "va a ser complicada" porque todas las comunidades quieren estar en estas comisiones, sobre todo en SEDEC.
No obstante, ha subrayado que Cantabria "va a echar el resto para poder estar ahí" y hacer realidad los "tres pilares fundamentales" sobre los que está trabajando su oficina en Bruselas, el pacto verde, el reto demográfica y la digitalización, que son también los tres grandes ámbitos a los que irán destinados los fondos europeos en este nuevo periodo.
Además, la oficina de Cantabria está trabajando en la visita a Bruselas de los alcaldes de las zonas de mayor despoblamiento de la región prevista para finales de abril.
La consejera ha recordado que el desafío demográfico fue objeto de seguimiento especial durante 2019, año en el que Cantabria ha participado en numerosas reuniones y seminarios y ha contribuido al intercambio de buenas prácticas entre las regiones que forman parte de la Red de Desafíos Demográficos y entre las comunidades autónomas.
Fernández ha resaltado el trabajo desarrollado por el personal de la Oficina en Bruselas, encabezado por su directora, Inmaculada Valencia, un servicio con 22 años de andadura que "defiende los intereses de la comunidad autónoma y que ha logrado "un grandísimo prestigio” en el ámbito europeo.
"Nuestro empeño ahora es potenciar aún más sus prestaciones a todas las consejerías del Gobierno de Cantabria y extenderlo también a los ayuntamientos de Cantabria y al sector privado cántabro", ha dicho.
La oficina atendió el año pasado 1.676 consultas, 314 más que en 2018, de las que el 60 por ciento provenían de las direcciones generales del Gobierno, lo que, a su juicio, demuestra el interés creciente de las consejerías por los asuntos europeos.
Pero también han utilizado sus servicios otras instituciones y entidades de Cantabria. Entre ellas destacan la Universidad de Cantabria, con el 8,53 por ciento de las consultas, las empresas públicas y organismos autónomos (10,62 %) y los centros tecnológicos y de investigación (11,28 %).
Estos datos, según la consejera, ponen de manifiesto que la oficina es un instrumento útil para el Gobierno pero también para otros agentes de la región.
Su directora ha recordado que la oficina no capta directamente fondos europeos sino que es "una facilitadora" e informa a quienes tienen competencia para hacerlo sobre aquellos programas que pueden financiar sus actuaciones.
En el caso del Gobierno de Cantabria, los datos sobre los fondos captados corresponden a la Consejería de Economía y Hacienda.
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