Un total de 2.894 cuidadores no profesionales de personas dependientes en Castilla y León se han incorporado como cotizantes a la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2019, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social recabados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
La provincia de León se sitúa a la cabeza de la Comunidad con 629 personas integradas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para dedicarse en exclusiva a sus familiares.
Por detrás figuran Valladolid (508), Salamanca (446), Burgos (374), Zamora (292), Palencia (230), Ávila (177), Segovia (173) y Soria (65).
La mayoría son nuevos convenios suscritos desde que el pasado 1 de abril la Administración General del Estado se hizo cargo de abonar las cotizaciones, en cumplimiento del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
De esta forma, en el conjunto de España se ha multiplicado por 7,5 la cifra de 7.304 ciudadanos -nueve de cada diez mujeres- que había en alta a 30 de marzo de 2019 hasta alcanzar a 55.051, siendo Valencia (8.889), Andalucía (8.792) y País Vasco (8.278) las comunidades con mayor número.
En cuanto a la edad, el 39,9 por ciento no ha cumplido los 50 años, un 42,1 por ciento tiene entre 50 y 60 años y un 18 por ciento supera los sesenta.
Uno de los motivos de la aprobación de la prestación económica destinada al cuidador no profesional en el marco de la Ley de Dependencia era saldar en la medida de lo posible una deuda histórica especialmente contraída con las mujeres que asisten a sus mayores (y a veces pequeños y jóvenes con discapacidad) renunciando en muchos casos a su vida laboral y social.
La posibilidad de cotizar por la asistencia a personas en situación de dependencia entró en vigor en mayo de 2007, con la crisis económica entrando en escena.
El alta en el sistema de la Seguridad Social permitió a los cuidadores informales alcanzar las mismas prestaciones que el resto de trabajadores, como por ejemplo, la jubilación o la incapacidad permanente.
Asimismo, les abrió las puertas a programas de formación para que pudieran desempeñar su labor del mejor modo posible, así como prevenir los efectos negativos y estresantes que implica su figura.
Cinco años más tarde, hasta 179.829 españoles (11.739 castellano y leoneses) estaban integrados en el SAAD, pero en septiembre de 2012 la mayoría, al no poder hacer frente a los cerca de 165 euros al mes que establecía el Estado, se cayeron de la listas de cotizantes a la Seguridad Social y dejaron de trabajar de una manera oficial.
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