22-01-2020 / 17:10 h EFE

El consejero de Justicia, Enrique López, ha ofrecido este miércoles colaboración al ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la regulación del juego, para que haya un equilibrio entre la protección de la salud pública y el respeto de una actividad económica "que genera riqueza".

Así lo ha manifestado en la clausura del VIII Congreso de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juegos y Recreativos, donde ha ofrecido su apoyo al Gobierno de la nación para "asegurar el bienestar de la sociedad", adoptando medidas "equilibradas", "proporcionadas" y "útiles".

El ministro de Consumo aseguró el pasado domingo que el juego es una actividad legal que puede llevar a la ludopatía, por lo que apuntó a que "es un problema de salud pública" que hay que intervenir.

Para regular el juego, López ha señalado que ambas administraciones deben trabajar en el marco de sus competencias "perfectamente definidas", "huyendo de posiciones y prejuicios ideológicos", ha remarcado.

"Hablar en estos momentos de horarios no me parece lo más adecuados", ha considerado.

En declaraciones a los medios, el consejero ha pedido al ministro que convoque "cuanto antes" la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para trabajar "juntos" en la regulación del juego.

López ha avanzado que la Comunidad de Madrid trabaja en la elaboración de un nuevo decreto de Planificación del Juego que proteja a los menores, a las personas afectadas por ludopatía y la vida en los barrios de las ciudades y los pueblos.

Según el consejero, el nuevo texto normativo tiene como objetivo ordenar el crecimiento futuro de esta actividad, que garantice "la plena seguridad jurídica" de todas las partes implicadas.

"El juego no es una actividad económica sin más, sino un sector que requiere de un ejercicio de responsabilidad social corporativa y de autocontrol", ha sostenido López, que ha precisado que la prioridad que incluirá el nuevo decreto será la protección a los menores y las personas más vulnerables.

Además, se tendrán en cuenta "los empleos generados por el sector", así como la defensa de la libertad de empresa y el ejercicio de una actividad que, ha subrayado, "es legal en nuestro país y a nivel europeo".

 
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