22-01-2020 / 17:40 h EFE

Amnistía Internacional (AI) instó hoy a la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que el viernes viaja a Marruecos, que pida a este país respeto para el ejercicio de los Derechos Humanos, especialmente en el Sahara Occidental y el Rif.

"AI pide a la ministra que interceda ante las autoridades marroquíes para promover activamente el respeto al ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, especialmente en relación al Sahara Occidental y al Rif", precisó AI en una nota.

AI exigió a las autoridades marroquíes revocar las leyes que penalizan la libertad de expresión, evitar el uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones pacíficas y permitir la legalización de las organizaciones independientes.

Recomendó a la jefa de la diplomacia española que pida al Gobierno marroquí "poner fin a la intimidación de activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, y a su procesamiento por cargos de aparente motivación política".

El comunicado recordó que durante 2019 se condenó al menos a cinco personas a penas de prisión por "insultar" a funcionarios públicos, y que 43 personas están cumpliendo condenas a hasta 20 años por participar en 2017 en las revueltas sociales en la región norteña del Rif.

La responsable de Marruecos de Amnistía Internacional en España, Olatz Cacho, indicó en la misma nota que Marruecos "viola los derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a libertad de expresión, derechos de las mujeres y personas LGBTI, derechos de las personas migrantes y refugiadas".

Según una encuesta nacional reciente sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres, más de la mitad de las mujeres marroquíes habían sufrido algún tipo violencia, pero solo el 6,6 % de las víctimas presentaron denuncias por falta de confianza en las autoridades.

La nota de AI denunció que los servicios de seguridad hostigan a las personas LGBTI por su orientación sexual, y las personas que sufren agresiones homofóbicas y transfóbicas no presentan denuncias debido al riesgo de arresto, pues las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo son un delito punible con prisión.

AI pidió también la eliminación de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla que se encuentran en el lado marroquí de la frontera por su peligrosidad para los emigrantes durante los asaltos masivos contra las dos ciudades españolas.

 
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