La formación chilena Partido por la Dignidad, en proceso de constituirse oficialmente, es la nueva alternativa política del país austral que busca incorporar la participación ciudadana en el proceso constituyente y canalizar políticamente las movilizaciones que copan las calles desde el pasado 18 de octubre.
El partido, cuyo nombre proviene del popular lema de las protestas "Que la dignidad se haga costumbre", se caracteriza por su composición heterogénea y variopinta y reúne en sus filas a profesionales con escasa o nula vinculación con la política que van desde periodistas y abogados, hasta músicos callejeros y dueños de carnicerías.
Su fundador, James Hamilton, un médico y víctima de abusos sexuales por parte de miembros del clero, conocido en Chile por luchar para llevar ante la Justicia a los curas pederastas, define el partido como una formación con "fines instrumentales" y de "acompañamiento" y aclaró que su objetivo es incorporar voces independientes en el proceso constituyente que vive Chile.
La aprobación de una reforma constitucional el pasado mes de diciembre permitirá convocar un plebiscito el próximo 24 de abril para decidir sobre el futuro de la actual Carta Magna, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país.
"Queremos dar una vía para poder canalizar el deseo de participación de muchas personas dentro de la institucionalidad", explicó Hamilton, quien agregó que la intención es llegar a formar parte del eventual órgano constituyente que se encargue de la redacción de una nueva Carta Magna.
La participación de candidaturas independientes en este proceso tardó en aprobarse varias semanas, y todavía está pendiente de legislarse en lo particular.
El tedio burocrático llevó a la formación a constituirse como partido político al considerarlo en palabras de su fundador como "la única posibilidad de acoger a los independientes en el proceso".
El principal eje programático de Partido por la Dignidad coincide con la premisa básica de las protestas: "terminar con la desigualdad socioeconómica y los abusos".
En ese sentido, agregó que defienden el rol regulador del Estado en el desarrollo de la economía para lograr, en palabras de su fundador, un "Estado social (que no socialista)" que mejore la sanidad, la educación y las pensiones.
Otro de los ejes destacados por Hamilton es la crítica a la violencia policial durante las protestas: "hay que entender la asimetría de la violencia, me opongo a ella pero particularmente a la violencia de Estado que atenta contra los derechos humanos".
El líder del partido mostró su intranquilidad de cara al mes de marzo ante la posibilidad de un recrudecimiento de las manifestaciones, cuando volverá a ponerse el marcha el curso legislativo y se iniciará la actividad educativa tras las vacaciones del verano (austral).
La formación, que espera al día 27 de enero para que el Servicio Electoral (Servel) confirme si cumplen los requisitos para oficializarse como partido, deberá posteriormente recolectar un total de 20.000 firmas para poder constituirse a nivel nacional.
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