La Procuraduría General de la República instó este viernes al Gobierno a adoptar medidas de urgencia para proteger la reserva de los indios Ituna-Itatá, ubicada en el estado amazónico de Pará y que el año pasado fue la más desforestada y amenazada por invasores en Brasil.
La petición fue hecha en una notificación que el Ministerio Público Federal envió al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), responsable por la protección de la biodiversidad.
El órgano fiscalizador instó al Ibama a que mantenga una operación de combate a los colonos y agricultores que han invadido la reserva de los Ituna-Itatá y a que destruya las máquinas que los invasores usan para desforestar las áreas ocupadas cuando no pueda decomisarlas.
La Procuraduría destacó "la necesidad de que sea destruida o inutilizada cualquier tipo de máquina e instrumento que esté siendo usado para la práctica de crímenes ambientales dentro de la reserva indígena Ituna-Itatá, que en 2019 tuvo la mayor área desforestada en todo Brasil".
El organismo recordó que la destrucción de las máquinas cuando los equipos de fiscalización no tienen medios para decomisarlas y transportarlas hasta sus centros de operación está prevista en la legislación.
La decisión zanja una polémica que surgió el año pasado cuando grupos de garimpeiros (mineros artesanales) se quejaron ante el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de la destrucción de sus palas mecánicas y excavadoras en operaciones ambientales.
El líder ultraderechista dijo entonces, en declaraciones públicas, que conversaría con la dirección del Ibama para evitar tal tipo de procedimiento.
"En operaciones en la región amazónica, por las distancias y la precariedad del transporte, el decomiso de máquinas de gran porte es prácticamente inviable. Para el Ministerio Público, la alternativa de nombrar un fiel depositario que está ilegalmente dentro de la tierra indígena para garantizar la inmovilización de la máquina es garantizar que los crímenes se repitan", según la notificación firmada por 19 fiscales que actúan en el estado de Pará.
La mejor alternativa para la Procuraduría, por lo mismo, es la destrucción de las máquinas.
La recomendación fue enviada al Ibama tras una operación de fiscalización realizada en la reserva de los Ituna-Itatá a comienzos de este año y en la que los fiscales ambientales descubrieron hasta puestos de abastecimiento de combustible funcionando ilegalmente en la tierra indígena y abasteciendo vehículos y máquinas de los invasores.
"Los establecimientos fueron cerrados y el combustible decomisado, pero hubo una presión de los invasores, que intentaron impedir que los fiscales salieran de la región. La situación fue resuelta mediante negociaciones, pero la osadía de los criminales es motivo de preocupación para el Ministerio Público", asegura la nota.
La reserva de los Ituna-Itatá fue creada para garantizar la supervivencia de esta etnia que vive aislada y sin contacto con la "civilización blanca" en la época en que el Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprobó la construcción en esa región de la gigantesca hidroeléctrica de Belo Monte.
Pero el territorio se convirtió en blanco de invasores de tierras y el área desforestada en la reserva saltó 700 % tan solo en 2019.
En una operación realizada por el Ibama en 2019 los fiscales descubrieron hasta una villa que era construida por los invasores.
"Ninguna casa fue destruida, pero los invasores tendrán que salir. La presencia de invasores ya deja marcas, como la deforestación y la sustitución del bosque por pastizales para el ganado ilegal", alertó el Ministerio Público.
"Pero hay un riesgo aún mayor que es el posible contagio a indios aislados de enfermedades que pueden ser mortales para ellos", concluye la nota.
La recomendación de la Procuraduría para que el Gobierno brinde protección a la reserva se produjo una semana después de que líderes de 45 etnias de Brasil firmaron una carta-manifiesto en la que denunciaron que el Gobierno de Bolsonaro puso en marcha un "proyecto político" de "genocidio, etnocidio y ecocidio" contra los indígenas.
En la carta, los 600 firmantes denunciaron la escalada de la violencia contra los indígenas y rechazaron la posibilidad de que la agricultura o la minería sean autorizadas en las reservas indígenas, una propuesta defendida por Bolsonaro.
Desde que asumió la Presidencia el 1 de enero de 2019, Bolsonaro se ha mostrado partidario de la explotación económica de la Amazonía y ha afirmado que no pretende crear nuevas reservas indígenas, pues considera una "exageración" que los pueblos originarios ya ocupen cerca del 14 % de todo el territorio brasileño.
Un nuevo capítulo en la disputa entre los indios y Bolsonaro se produjo este viernes cuando diferentes organizaciones indígenas anunciaron que denunciarán por racismo al líder ultraderechista por haber afirmado que cada vez más "el indio es un ser humano".
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