27-01-2020 / 17:59 h EFE

Cinco fincas de Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa (Barcelona) se han organizado junto al Sindicato de Inquilinos para tratar de frenar la subida del precio de sus alquileres, que tras la adquisición por parte del fondo Lazora han aumentado hasta un 100 %.

Son centenares los vecinos afectados que han lanzado este lunes una campaña para denunciar el incremento "abusivo" de sus alquileres después de que la compañía Lazora les ofreciera contratos de renovación que en muchos casos doblan el precio que pagaban hasta el momento.

Las familias aseguran también que los contratos que les propone el fondo tienen "múltiples irregularidades", como subidas interanuales "encubiertas" bajo el concepto de "bonificaciones", de forma que los dos primeros años de arriendo pagarían 1.000 euros y, el resto, 1.200 euros.

En otros casos, aseveran, los nuevos inquilinos están obligados a contratar plazas de párking de más de 100 euros a pesar de tratarse de pisos de protección oficial, como el bloque de la calle Alfonso Comin, en el barrio barcelonés de la Bonanova.

En dicha finca, formada por 66 viviendas, el precio de los nuevos alquileres es de 800 euros, mientras que hasta ahora el precio rondaba los 515 euros, importe al que había que sumar los gastos de la comunidad, el seguro y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que, de acuerdo con los vecinos, deberían ir a cargo de la propiedad.

Otro de los inmuebles afectados está en el barrio del Clot y tiene 17 viviendas, algunas de las cuales con contratos que llegan a los 1.200 euros, prácticamente el doble de la renta que pagaban hasta el momento.

Los residentes denuncian que recibieron coacciones para que se marcharan una vez se negaron a asumir las nuevas condiciones del contrato.

En el caso de Badalona, son un centenar las familias afectadas por el fondo Lazora, que adquirió hace unos meses un edificio en el barrio Progrés y propuso incrementos del precio del alquiler de un 80 %.

Los vecinos, los primeros de Cataluña en organizarse contra el fondo, llegaron incluso a conseguir que el pleno del Ayuntamiento aprobara por unanimidad una moción para defenderlos, pero hasta la fecha ya han tenido que abandonar la finca 15 familias.

En L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa la situación todavía no afecta a la mayoría de inquilinos porque casi ningún contrato ha vencido, pero han decidido organizarse para evitar que les ocurra lo mismo que en los otros edificios propiedad del fondo.

De hecho, según el Sindicato de Inquilinos, sólo hay una vecina afectada en L'Hospitalet de Llobregat, a la que quieren aumentar el alquiler de 700 euros a 1.220 euros.

En conjunto, son más de una decena de familias que están actualmente fuera de contrato porque se niegan a firmar la renovación a menos que las condiciones les sean más favorables, tal como también ocurre en otras tres fincas de Madrid y Torrejón de Ardoz, igualmente afectadas por el mismo fondo.

 
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