29-01-2020 / 17:50 h EFE

El director general del gestor aeroportuario Enaire, Ángel Luis Arias, ha asegurado este miércoles que el cierre del espacio aéreo en el puente festivo de diciembre de 2010 culminó un año "operativamente muy difícil", marcado por la "tensión y un clima bastante negativo" entre los controladores y la empresa.

En su declaración como representante legal de Enaire, Arias ha calificado ante la juez de "inaudito" un episodio "único en la historia de la navegación aérea" del mundo, y ha resaltado que los problemas de disponibilidad de estos trabajadores no se limitaron a Madrid, sino que se repitieron en casi una veintena de centros de todo el país, "desde Palma de Mallorca hasta Sevilla".

En nombre de la compañía, que figura en el procedimiento en calidad de responsable civil subsidiaria, ha explicado que la Ley de Seguridad Aérea y el posterior real decreto de 2009 obligaba al gestor -entonces AENA, al no haber iniciado su proceso de privatización- a apartar del servicio a todos aquellos controladores que alegaran una merma en sus condiciones.

Así pues, cuando éstos presentan a sus superiores el escrito, "hay que apartarlos por seguridad", ha añadido Arias, que a preguntas de la Fiscalía de Madrid ha relatado cómo los controladores empezaron a remitir en masa sus escritos en la tarde del 3 de diciembre de 2010.

"Empiezan en Palma de Mallorca, y posteriormente, a partir de las 16:00 horas, se entregan en Madrid", donde "entre las 17:00 y 17:15 horas se produce una entrega cuantiosa", ha indicado.

Ante estos formularios, la dirección "no tenía otro remedio" que restringir el espacio aéreo, con lo que "a medida que no se disponían de los controladores, se iban cerrando sectores para asegurar el vuelo de los aviones", hasta llegar al "inevitable" cierre durante 20 horas que afectó a 600.000 pasajeros.

Estos documentos son precisamente una de las principales pruebas de la Fiscalía, para la cual hubo un grupo de 59 controladores que, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó a su responsable un documento "de su puño y letra" en el que alegaban una disminución de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto.

Respecto al conflicto laboral entre AENA y sus trabajadores, Arias ha dicho que si bien no fue un "testigo directo" al trabajar por entonces en otras unidades, sabía que las últimas medidas del Gobierno habían convertido la relación entre ambas partes en aún más "conflictiva" de lo que era.

En virtud de los decretos promulgados poco antes de aquel diciembre, ha continuado, "el regulador fijaba requisitos a los proveedores, regulaba la jornada y los salarios", lo que supuso "una importante reforma estructural".

2010 se convirtió, de este modo, en un año "muy difícil operativamente hablando", con problemas "en Santiago, Canarias..." que despertaron "la preocupación de los gestores ante lo que pudiera pasar" y el "miedo de que los relevos en los turnos no se cubrieran".

La Fiscalía acusa a los controladores de un posible abandono de función público por llevar a cabo de forma "consciente" sus acciones, coordinadas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" por el sindicato USCA, que por entonces intervenía en las negociaciones con AENA para su segundo convenio laboral.

Motivo por el cual reclama 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los miembros que bien formaban parte de la Junta Directiva de la organización o eran miembros de su comité, cuantía que reduce a los 60.000 euros para el resto de acusados.

Los ya conformados, por su parte, han admitido una condena que oscila entre 31.500 euros y cinco meses de inhabilitación para seis representantes sindicales, y unos 15.000 euros, los 113 restantes.

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, precisamente a las negociaciones del convenio; tras acusarse de forma mutua de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a AENA la gestión y el control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde 1999.

En octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Palma condenó a 73 controladores a multas de hasta 31.500 euros, después de que se declaran culpables del delito de abandono de servicio por estos mismos hechos.

 
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