Una veintena de entidades y particulares, entre ellas Apudepa e Ecodes, han suscrito un manifiesto para pedir a Enel que paralice sus planes de demolición de la central térmica de Andorra (Teruel) para estudiar la posible conservación de este patrimonio industrial y su posterior uso.
El objetivo, han explicado en una rueda de prensa dos de los firmantes del manifiesto, el presidente de la fundación Ecodes, José Ángel Rupérez, y el exprofesor de Tecnología del IES Pablo Serrano de Andorra Vicente Ibáñez, es que la empresa italiana incluya a la térmica turolense en su programa "futur-e", para evaluar una posible conservación de instalaciones y edificios para una segunda vida con vocación industrial o museos o centros culturales, como ha hecho con otras centrales en Italia o con la leonesa de Compostilla.
En su petición a Enel, aluden a la ley de Patrimonio Cultural Aragonés en la que se especifica que está formado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presente interés arquitectónico, científico o técnico, no solo artístico o histórico, y establece el deber de conservarlo.
En este aspecto, hacen hincapié en que para la mayoría de habitantes de la zona y de Teruel la térmica es una seña de identidad en el paisaje de Andorra, y argumentan que se estudie la conservación de este patrimonio porque constituiría, junto con los parques fotovoltaicos y eólicos que se instalarán en su periferia, un complejo idóneo para crear un museo sobre la transición energética.
Pero también defiende su conservación desde la perspectiva de la economía circular y de la demanda laboral dada la pérdida de empleos de la comarca, al considerar que el reacondionacionamiento de las instalaciones para otros usos generará más empleo y con más calidad y continuidad que los asociados al desmantelamiento.
Por tanto, piden a Enel a que paralice el inicio del proceso de desmantelamiento -previsto a partir de junio- e incluya a la térmica en su proyecto "futur-e", para estudiar este patrimonio y su puesta en valor, con la participación de la Universidad de Zaragoza, y al Ministerio de Transición Ecológica a que se implique en este proceso en el marco del convenio para la transición justa.
El decano del colegio de Arquitectos de Aragón, Pedro Navarro Tellero, la presidenta en España del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (Ticcih), Ainara Martínez, o Eloy Fernández Clemente, catedrático jubilado de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza, son junto a historiadores o arquitectos otros de los firmantes del documento.
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