05-02-2020 / 17:02 h EFE

El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles una declaración institucional en la que resuelve adherirse a la propuesta de la asociación nacional de personas con discapacidad Cota Cero relativa a la eliminación de las barreras arquitectónicas.

La citada asociación, integrada por personas con discapacidad física, se creó en el 2015 con el objetivo de eliminar las barreras urbanísticas, así como las de edificación y el transporte.

También reclaman la necesidad de reducir la desigualdad que sufren las personas con discapacidad física en el ámbito laboral, mediante la reserva de plazas en las ofertas de empleo público y el incremento de las mismas.

La Cámara andaluza ha acordado adherirse a estas propuestas con el "firme propósito" de que sirva de "inspiración" al resto de administraciones públicas y privadas que persigan "un bien mayor" para la sociedad mediante la consolidación de esta iniciativa.

En la declaración institucional se subraya la "extraordinaria dimensión" de las secciones de protección de personas vulnerables del Ministerio Fiscal español "como empoderamiento para nuestros ciudadanos más desfavorecidos".

Considera el Parlamento de Andalucía que el Ministerio Fiscal cuenta con un instrumento muy útil, como son las denominadas "diligencias informativas", que pueden concluir con un decreto cuando se refieren a hechos o personas individuales, o con un dictamen si se refieren a un fenómeno o situación abstracta generalizada.

"En la mayor parte de los casos, tanto la administración receptora del decreto del fiscal como las entidades privadas o los particulares asumen sin dilación y sin problemas la propuesta y ésta se lleva a cabo", asegura la declaración, que pone como ejemplo las actuaciones llevadas a cabo para garantizar la accesibilidad en el centro deportivo municipal de Poniente Sur en Córdoba o en el Gran Teatro de Córdoba.

"Esto no es más que el funcionamiento normal de las instituciones que evita la judicialización de los casos y el conflicto que, de este modo, se torna en cooperación y colaboración", destaca la declaración institucional, que reconoce que no fue fácil consolidar estas "secciones no penales" dentro del Ministerio Fiscal.

Al mismo tiempo, recuerda la anunciada creación de la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores, a través de un Real Decreto aprobado en abril del 2019, y solicita a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia una "dotación efectiva" de la misma para "consolidar" la protección por el fiscal de los derechos de las personas con discapacidad en ámbitos no penales.

 
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