La asociación de Amigos de la Naturaleza Asturiana (ANA) ha criticado este sábado la conversión de Montes Públicos (MUP) en Montes Vecinales de Mano Común (MVMC), consideramos de propiedad privada, lo que, a su juicio, supone "un ataque a la propiedad pública".
ANA informa de que en Asturias hay 364 Montes de Utilidad Publica que abarcan una superficie de 270.000 hectáreas, casi un 30 por ciento de la superficie regional y ue hay también 77 Montes Vecinales de Mano Común de propiedad privada de naturaleza especial y de origen jurídico germánico.
Casi todos los MVMC están en el concejo de Ibias, en la frontera con Galicia, y ocupan sólo 25.000 hectáreas, un 10 por ciento en comparación con los montes públicos, puntualiza ANA, que indica que el Gobierno asturiano ha iniciado la tramitación de 18 solicitudes presentadas por particulares para la conversión de montes de utilidad pública en distintos municipios en montes vecinales de mano común, entre los que están los montes del Aramo, el Monsacro y el Sueve.
Afirma que no se sabe si esa tramitación prosperará, lo razonable sería que no, pero es preocupante que cargos próximos al Gobierno han manifestado claramente en diferentes foros su voluntad de dar un enfoque más productivista que medioambiental a la gestión de los montes.
ANA considera que esos montes que se pretenden convertir en MVMC, es decir, privatizar, son, desde el siglo XIX, e incluso antes, de propiedad municipal, es decir, de todos los vecinos del concejo y que están declarados de Utilidad Pública en su mayoría por sus altos valores ambientales e hidrográficos e incluidos en el Catálogo de MUP. Y como tales, según la Ley de Montes, se gestionan por el Principado.
Para la asociación ecologista, "la solicitada declaración como MVMC supone un ataque frontal a la propiedad pública para convertir esos montes en propiedad privada (de naturaleza especial) de pequeñas comunidades vecinales.
A su juicio, la clasificación de un monte como MVMC supone su "exclusión" del Catálogo de MUP y del Inventario de Bienes Municipales y subraya que esta decisión se trata de "una figura legal forzada, fuera de tiempo y lugar".
"No se puede renunciar a una propiedad pública y una gestión profesional por instituciones vivas y democráticas para resucitar otras arcaicas y oscuras, propias de sociedades rurales medievales ya inexistentes, y que no proceden en territorios que hoy cuentan con otro tejido institucional territorial", recalca.
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