08-02-2020 / 21:41 h EFE

El Gobierno interino de Bolivia pidió hoy la renuncia del relator de Naciones Unidas Diego García-Sayán, tras manifestar en las redes sociales su preocupación por la "persecución política" a antiguos miembros del gobierno del expresidente Evo Morales en el país.

La Cancillería boliviana emitió un comunicado expresando su "profunda molestia" por las declaraciones de García-Sayán en las que "alega falsamente el uso de las instituciones judiciales y fiscales en Bolivia con fines políticos".

"García Sayán debe renunciar a su cargo de Relator por dignidad, pues acaba de destruir el poco prestigio que le quedaba al permitir que la ideología prevalezca sobre la decencia, la democracia y la libertad", manifiesta el comunicado.

El relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados escribió esta semana en su cuenta de Twitter que le preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de "persecución política" en Bolivia y llamó al "respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso".

En el mismo mensaje hacía alusión a la detención del exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, Gustavo Torrico, que fue arrestado esta semana acusado por los delitos de sedición y terrorismo.

El comunicado de la Cancillería de Bolivia sostiene que García-Sayán está "contradiciendo y abusando de sus funciones de relator que le obligan a investigar toda denuncia con base en evidencias jurídicas" y que realiza "un vergonzoso activismo ideológico contra los bolivianos" que recuperaron la democracia.

"García-Sayán omite deliberadamente el hecho de que en Bolivia, durante el gobierno de Morales se violaron todos y cada uno de los elementos esenciales de la democracia", se indica en la nota.

Además indica que el relator "se equivocó de Gobierno" y que esas denuncias debió plantearlas en la gestión de Morales, en la que los jueces y fiscales eran un "instrumento para silenciar, intimidar y asesinar a los políticos opositores".

Torrico es la segunda persona vinculada al régimen de Morales que es detenida por la Justicia boliviana tras el exministro de Gobierno Carlos Romero, a quien se acusa de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes y que está detenido de forma preventiva en un penal en La Paz.

 
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